LA UNIÓ de Llauradors ha remitido un escrito a la Conselleria de Agricultura en el que se opone a una modificación del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana (PDR-CV) 2014-2020 por la cual se minoran por valor de más de 7,5 millones de euros partidas que afectan directamente a la mejora de las explotaciones agrarias y a la incorporación y rejuvenecimiento de la población agraria, dos de los verdaderos pilares para profesionalizar y modernizar el campo valenciano.
Ese dinero se prevé destinar a paliar los efectos de las lluvias torrenciales y para la Red Natura 2000, algo «que no le parece mal a LA UNIÓ pero que la Generalitat lo debe realizar con fondos propios y no con dinero que está destinado a personas profesionales también de otras comarcas».
Concretamente se prevé retirar ahora 4,2 millones de euros en la ayuda a las inversiones en explotaciones agrarias que ha tenido solo una convocatoria en los últimos seis años con una dotación presupuestaria de 57 millones de euros y que a fecha de 31 de diciembre de 2018 el importe ejecutado era 0.
Para la Unió Se trata «de quitar dinero que va dirigido a los profesionales de la agricultura para quedárselo la Administración»
También se detraen 3,3 millones de euros de la ayuda a la instalación de jóvenes agricultores, que ha tenido tres convocatorias durante el periodo 2014-2020. En la primera de 2016 se aprobaron 244 solicitudes con un presupuesto de 10 millones de euros que al no ampliarse dejó fuera a muchos expedientes. La segunda, de 2017, tuvo un presupuesto de 20 millones de euros para 374 solicitudes y la tercera y más reciente de marzo de este año todavía no se ha resuelto. Después de tres convocatorias publicadas (dos de ellas resueltas) y un presupuesto de gasto total programado de 48 millones de euros, a fecha de 31 de diciembre del pasado año se había ejecutado únicamente 9,8 millones de euros.
Se trata a juicio de LA UNIÓ «de quitar dinero que va dirigido directamente a las personas profesionales de la agricultura para destinarlo a incrementar la dotación presupuestaria de la Generalitat, única beneficiaria de las dos medidas del PDR donde van a ir estas minoraciones a las personas profesionales, ya que se pretende financiar operaciones públicas con el gasto público destinado a operaciones de mejora estructural del sector agrario valenciano».
LA UNIÓ considera que si estas dos ayudas (Planes de Mejora y Primera Instalación) no funcionan es responsabilidad del Gobierno del PP que las redactó y publicó de manera que no se adecuaban a nuestra realidad y del Gobierno actual del Botànic por no haber sido capaz de modificar los requisitos de acceso y hacerlas más accesibles.
En este sentido LA UNIÓ reclama a los actuales gestores de la Conselleria de Agricultura que hagan una reflexión profunda de porqué fallan estas dos medidas, pues ni se han realizado todas las convocatorias anuales, ni se ha conseguido por parte de la Agencia de Fomento y Garantía Agraria el nivel de ejecución deseable para las personas beneficiarias.
Así, LA UNIÓ plantea la revisión de los requisitos exigidos a las personas potencialmente beneficiarias de estas dos importantes medidas cuyo dinero se va a quitar para mejorar su acceso y lograr de este modo un mayor número de operaciones de ayuda tanto para la incorporación de personas jóvenes al sector agrario valenciano como un mayor número de explotaciones objeto de ayuda para inversión.