Andrés Góngora / Responsable estatal de Frutas y Hortalizas de COAG

Es habitual que los agricultores expliquemos nuestra realidad respecto a los bajos precios que percibimos, muchas veces por debajo de los costes de producción, presionados por los compradores, quienes dan forma al reparto de valor en la cadena. También que planteemos quejas por los elevados márgenes y los precios que acaba pagando el consumidor. Siempre solemos hablar de lo que nos pagan y de las formas directas de apretar a la baja las cotizaciones, pero no de las formas indirectas que también sirven para que los compradores atrapen más margen.

Lo cierto es que se dan otros modos, menos explícitos, de erosionar nuestros precios y los márgenes de nuestras cooperativas y empresas. Existen fórmulas por las que la distribución comercial gana aún más y puede negociar mejor. Están, por ejemplo, las certificaciones y las normas privadas de comercialización, que tienes que cumplir sí o sí para poder venderles. Regulaciones muchas veces caprichosas, con la supuesta defensa de los intereses de consumidor como base pero sin fundamento científico, que sólo buscan controlar y manipular las negociaciones comerciales.

Otro caso sangrante son los envases. La imposición de un tipo determinado de embalaje, caja o envasado de un determinado proveedor, por parte del comprador para poder trabajar con él supone un claro abuso de poder negociador. En muchas ocasiones lo que se impone tiene un coste más elevado, llegando incluso a triplicar el precio respecto a formatos similares que se pueden encontrar en el mercado y no responde a necesidades de transporte o mejor conservación. Por otro lado, las empresas que los proveen están relacionadas o participadas por la empresa a la que vendemos, con lo ya se puede imaginar dónde quedan los sobrecostes que nos hacen asumir. Y para rematar, se impiden las compras conjuntas por parte de las cooperativas, algo que ayudaría a reducir el precio, y se imponen otras condiciones como una compra mínima anual de envases, por ejemplo.

Esta situación es preocupante y puede ir a peor en un mundo que tiende a la digitalización. El uso de plataformas de datos, de distintas operativas digitales o de software específico propiedad del comprador, que hacen que el flujo de información pueda ser controlado por la parte más fuerte, sólo servirán para configurar una cadena menos sostenible, menos remuneradora para el agricultor e incidirá en mayores beneficios para quien ya obtiene la parte del león.

Es necesaria la regulación y el control de estas situaciones abusivas, dado que hasta ahora no tiene prohibiciones expresas o claras en la regulación estatal o europea, ya sea en la Ley de Cadena o en la Directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales, por no hablar de las dificultades para llevar este asunto ante las autoridades de competencia, que buen papel podrían hacer aquí, pero que sólo parecen interesadas en asegurarse de que no podamos defender un precio justo por nuestras frutas y hortalizas. Todo queda al albur de posibles acuerdos voluntarios, como por ejemplo, el Código de Buenas Prácticas estatal, de aplicación sumamente limitada por sólo estar presente una parte de la distribución comercial y, por supuesto, del que quedan al margen el grueso de nuestras producciones, que van a la exportación.

COAG ha denunciado públicamente estos hechos en repetidas ocasiones, así como ante las administraciones. Dado que estas denuncias no han surtido efecto, porque quienes nos administran no se atreven a defender a los productores si tienen que molestar a la distribución, sólo nos queda abierta la vía judicial.

Sí, desde luego no ayuda que los corredores, intermediarios, operadores y quienes van dando mordiscos a nuestro margen, tengan infinidad de teléfonos a los que llamar para conseguir el mismo producto, pero el problema tiene muchas más aristas y hay que atajarlo también por esta vía que hace aguas. Es necesario intervenir y regular para evitar más abusos.