EFE.- El sindicato, en un comunicado, ha pedido al presidente del Ejecutivo extremeño, José Antonio Monago, que se muestre "firme" en esta exigencia ya que estos fondos son "fundamentales" para ayudar a paliar los problemas de empleo de las zonas rurales y evitar el desmantelamiento de los servicios públicos en los pequeños núcleos.
Además, ha invitado a todas las organizaciones integrantes del Consejo Regional de Desarrollo Rural a apoyar esta reclamación y a pedir el mantenimiento de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible en su estado original ya que, sostiene, las intenciones del Ministerio de Agricultura de modificarla perjudicarían a Extremadura.
El Gobierno de Mariano Rajoy, según CCOO, ha remitido a la Junta de Extremadura un escrito pidiéndole la paralización del proceso de redacción de los Planes de Zona, debido a que considera imposible la firma del convenio que habría de aprobar su financiación.
Los motivos de esta decisión se basan en el incumplimiento del objetivo del déficit en ejercicios anteriores y en la modificación de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, ha precisado.
CCOO ha señalado que la paralización de estos fondos supone la no realización de acciones e inversiones de los 12 Planes de Zona, con 174 millones para cinco anualidades cofinanciadas al 50 por ciento entre las dos administraciones, además de dos millones del Estado para infraestructuras de interés general.
Con estos fondos se financian inversiones en cuatro ejes: actividad económica y empleo, infraestructuras y equipamientos básicos, servicios y bienestar social y medio ambiente.
Por su parte, la modificación de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible pretende vincular directamente la pervivencia del medio rural a cuestiones agrarias, ganaderas, forestales y alimentarias; cuando, a su juicio, la ley nació con vocación de ser la base de una política rural propia, integral que de respuestas a todos los vectores, también los relacionados con el sector primario.
Estos vectores pretendían mejorar las condiciones sociales, económicas y medioambientales de los habitantes del medio rural y su entorno, con la mejora de la situación socioeconómica de la población y el acceso a unos servicios públicos de calidad.
Por ello, ha defendido la reimplantación de los Planes de Zona puesto que son la concreción en los territorios de la planificación estratégica rural, basados sobre todo en la multisectorialidad y en la participación activa de los agentes del territorio.