El presidente de ASAJA de Ávila, Joaquín Antonio Pino, lamenta que Ávila haya sido la provincia más afectada de Castilla y León por la sequía. Pino ha subrayado que desde junio a agosto las pérdidas en la provincia de Ávila se han elevado de los 90 a los 100 millones de euros. Ha criticado que ante este hecho las administraciones han hecho caso omiso a las peticiones de agricultores y ganaderos, a la vez que recuerda que 1.000 millones de euros es la cifra, a la que asegura, el presidente regional de ASAJA CyL, Donaciano Dujo que se elevan las pérdidas en España a consecuencia de la sequía, de las cuales el 60 por ciento pertenecen a Castilla y León.

En el caso de Ávila, ha aseverado Joaquín Antonio Pino, han sido recolectadas 107.000 hectáreas de cereal de secano, los campos de girasol han tenido problemas para la nascencia y los cultivos de regadío también se han visto afectados. En este último caso, ha asegurado que se tenían que haber regado en Las Cogotas cerca de 5.000 hectáreas, pero solo un tercio de la superficie es la que ha tenido dotación para el riego. En los riegos por sondeo, ha incidido, ha sucedido lo mismo puesto que ha sido necesario aportar mayor cantidad de litros por hectárea a los cultivos.

En cuanto a la ganadería, “la situación no ha hecho más que empeorar desde junio a agosto, hay situaciones extremas y todos los profesionales del campo buscar soluciones para abrevar al ganado. Hay municipios donde no hay posibilidades de abastecerse y el propio ganadero ha tenido que llevar agua con cisternas y además con impedimentos por parte de las Confederaciones Hidrográficas”, ha indicado.

1.000 millones de euros es la cifra de las pérdidas en España a consecuencia de la sequía, de las cuales el 60% pertenecen a Castilla y León

Por todo ello el dirigente agrario provincial ha subrayado que lamentablemente en dos meses las pérdidas en el sector agrícola y ganadero se tienen que elevar hasta los 100 millones de euros en la provincia de Ávila y ello supone un varapalo para un territorio como el abulense.

Joaquín Antonio Pino cree, que al igual que sucediera en 2017, las administraciones han dado la espalda a Ávila. Ha criticado que la Delegación de la Junta de Castilla y León en Ávila no haya convocado ni siquiera el Consejo Agrario Provincial. «Eso denota, ahonda, la preocupación que tiene la Junta en este asunto, no convocando el Consejo desde el mes de marzo. Por ello le pide al Presidente de la Junta de Castilla y León que pongan sobre la mesa medidas reales y en la mayor brevedad posible».

También ha indicado que han mantenido un encuentro con el Presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, a quien le trasladaron las propuestas del campo de mano de ASAJA, entre otras, que se firmen convenios con entidades financieras para dar liquidez a los agricultores y dotar de préstamos blandos a los profesionales del campo.

Una comparecencia de prensa en la que también ha estado el presidente regional de ASAJA, Donaciano Dujo quien ha puesto de manifiesto que las administraciones en todos los niveles no tienen prisa por resolver las consecuencias de una campaña catastrófica como la de este 2019. “No saben que el tiempo pasa y que la falta de liquidez no va a hacer posible el inicio de una nueva campaña”, ha aseverado.

1.000 millones de euros es la cifra, a la que asegura Donaciano Dujo que se elevan las pérdidas en España a consecuencia de la sequía, de las cuales el 60 por ciento pertenecen a Castilla y León, y eso sin hacer balance de cultivos permanentes.

Donaciano Dujo exige a la Junta de Castilla y León que sean efectivas las órdenes que establecen ayudas para los agricultores y ganaderos, como es el caso de la ayuda de subvenciones de mínimis destinadas a garantizar el suministro de agua a las explotaciones ganaderas en régimen extensivo de aprovechamiento de pastos. El presidente regional pide a la administración regional que se aumente la dotación que ya hubo en 2017 y sea de carácter retroactivo.

Dujo solicita que haya cambios en el seguro agrario y además que se flexibilicen las medidas fiscales necesarias para los trabajadores del campo.

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