Las organizaciones profesionales agrarias y los sindicatos se han reunido este martes 28 en Mérida para avanzar en la negociación del convenio del campo, un encuentro en el que Asaja Extremadura se ha levantado de la mesa y «estudia recurrir» la decisión del laudo arbitral que aumenta los costes laborales por peonada.
Los sindicatos desconvocaron la huelga que tenían prevista después de que el principal escollo en la negociación, que era la aplicación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), se salvara con el laudo arbitral de obligado cumplimiento al que acordaron someterse las partes.
Éste fija el valor mínimo de la hora de trabajo para un trabajador del campo, tanto fijo como eventual, en 7,13 euros, y en 46,34 euros la jornada de los eventuales, que está limitada por convenio a seis horas y media diarias.
En el encuentro para la negociación del convenio, las partes han intercambiado sus propuestas en relación al resto de aspectos del convenio y se han emplazado a una nueva reunión «a finales de junio o principios de julio» para una vez estudiadas esas propuestas, expresar su postura.
LAS ORGANIZACIONES del campo piden «una ampliación de la jornada» para contrarrestar la subida de los costes laborales
Así lo ha explicado a Efe el secretario regional de UGT-FICA, Miguel Talavera, quien ha hecho un llamamiento a la «responsabilidad» pues se trata de un convenio que afecta a más de 65.000 trabajadores y más de 4.000 o 5.000 empresas.
«No a cualquier precio, pero estamos condenados a entendernos y a firmar el convenio», ha señalado el representante sindical, quien ha aclarado que el único que se ha levantado de la mesa de negociación ha sido Asaja, el resto -APAG Extremadura ASAJA, UPA-UCE y COAG- han estado debatiendo y estudiando el resto de puntos del convenio.
La patronal del campo pide ante la negociación del convenio «una ampliación de la jornada» para contrarrestar la subida de los costes laborales. Pretenden que suba a «1.826 horas» frente a la jornada anual de 1.768 horas de trabajo efectivo que establece el convenio del campo y sobre la que se estableció el laudo arbitral.
Los sindicatos se oponen a este punto. «Estudiaremos todo pero es difícil que pasemos por ahí», ha indicado Talavera.
Otros aspectos que deben acordar la negociación del convenio es la aplicación del control de la jornada laboral en el sector agrario, donde es «complicado» ponerlo en marcha, y la tarjeta profesional agraria para la formación de los trabajadores.
UGT ha incidido también en la necesidad de dar mayor «estabilidad» al empleo en un sector donde «la mayoría son temporeros», personas que trabajan por campañas para una misma empresa y que deberían tener «un contrato fijo-discontinuo y no temporal».
De la mesa de negociación se ha levantado Asaja Extremadura ante la actitud «absolutamente irresponsable» de los sindicatos al rechazar un incremento de la jornada laboral de los trabajadores eventuales, medida que garantizaría la «viabilidad» de las explotaciones agrarias.
«El aumento en un 22 % del importe de la peonada (de 38,57 a 46,34 euros) que ha obligado el laudo arbitral y la subida de los insumos, como los fertilizantes y el gasoil, hacen inviable el mantenimiento de numerosas producciones agrícolas extremeñas», ha advertido el presidente de la organización, Ángel García Blanco.
Por ello, como medida de «cierto equilibrio», Asaja propone subir la duración de la jornada laboral «de las 06.30 horas -incluido los 15 minutos de descanso- a 7.00 horas».
Según García Blanco, ya hay empresarios agrícolas que empiezan a ver cómo sus cosechas «comienzan a ser ruinosas», llegando incluso algunas a arrancar plantaciones de frutales porque «la demanda este año es muy escasa y los costes de producción están desbordados».
«Y si no hay producciones agrícolas, pues al final tampoco se necesitará mano de obra porque sencillamente no habrá nada que trabajar en ellas», ha recalcado el presidente de Asaja, quien ha insistido en que sin «equilibrio financiero» en las explotaciones, «van a desaparecer miles de jornales de los trabajadores eventuales».
Los servicios jurídicos de la organización estudian ya la forma de recurrir el laudo arbitral dictado hace escasas fechas por, según alegan, «defectos de interpretación».