La guerra política sobre la sentencia del Supremo sobre los trasvases se recrudece incluso dentro del propio PSOE. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, dijo este martes 19 que lo que espera de Bruselas es que «vigile y obligue a la transposición de toda la normativa y el cumplimiento milimetrado en España de la normativa europea» para garantizar el caudal suficiente del Tajo. Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha pedido «prudencia» a su homólogo castellano-manchego, Emiliano García-Page, en relación al trasvase Tajo-Segura y los posibles cambios que se puedan efectuar sobre el mismo.
García-Page, acompañado de una representación del Gobierno regional, presentó este martes al comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, el informe de evaluación del grado de conservación de la ribera y los hábitats del río Tajo a su paso por Castilla-La Mancha.
«Hemos venido (a Bruselas) a decir lo que siempre hemos dicho de manera coherente con la Constitución, las leyes españolas y las leyes europeas aprobadas por España para defender nuestro agua, el agua de todos los españoles y por tanto también de Castilla-La Mancha», señaló.
García-Page apuntó que lo que sufre el Tajo con el trasvase es «un atropello ambiental» y que a los castellanomanchegos se les «agota la paciencia», por lo que «la próxima legislatura va a ser determinante».
«No hay más tiempo que perder», añadió el presidente castellanomanchego, quien se mostró a favor de un «diálogo» después de las elecciones con otras comunidades autónomas y con el Gobierno de España «para buscar alternativas».
«Creo que la posición no puede ser más firme y más sensata al mismo tiempo. Otros en España estarían dando patadas, dándose golpes de pecho y estarían sacando banderas», añadió.
La respuesta en esta guerra política ha venido del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que le ha pedido «prudencia», en relación al trasvase Tajo-Segura, y ante la posibilidad de que el gobierno manchego cierre el trasvase, Puig ha considerado necesario «actuar con enorme prudencia» y de acuerdo a la ley, porque, a su juicio, «en estos momentos no hay ningún elemento que diga que el trasvase ha de cerrarse».
«Inventar guerras artificiales sobre el agua es mal camino, y defenderemos los intereses de los valencianos desde la razón, no desde el enfrentamiento estéril», ha agregado.