El Comité Europeo de las Regiones ha elaborado un dictamen sobre la propuesta de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) de la Comisión Europea que recoge 103 enmiendas y 35 recomendaciones, entre ellas su negativa a una transferencia de competencias excesiva a los Estados miembros mediante planes estratégicos nacionales por miedo a que equivalga a una renacionalización.
El documento, publicado este jueves 7 por el Diario Oficial de la UE, analiza en detalle el texto de la Comisión y se opone a la reducción de fondos a la PAC 2021-2027, aunque en el caso de producirse aboga por «distribuir los pagos directos de manera más justa».
Además, rechaza tanto la reducción del 28 % propuesta para el presupuesto destinado al desarrollo rural como la idea de «renacionalizar» esta política, a través de una «transferencia de competencias excesiva a los Estados miembros mediante planes estratégicos nacionales», por su efecto distorsionador en materia de competencia.
A lo largo del texto del Comité Europeo de las Regionesplantea medidas concretas, como mencionar expresamente el objetivo de reducir en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura en cada país o la meta de duplicar respecto a 2017 la superficie cultivada dedicada a la agricultura ecológica en cada Estado miembro, con un mínimo del 30% respecto al total.
Aboga por crear «observatorios europeos para cada sector» cuando observen perturbaciones y reducir la cría en jaula
«Para responder a los retos en materia de bienestar animal y de salud pública (antibióticos) es necesario pasar, de aquí a 2027, a modos de producción sin jaula y más extensivos, que ya existen», reza igualmente el documento, que por ello propone reducir «progresiva y planificadamente» la cría en jaula en la UE.
Defiende, asimismo, rebajar el uso de fertilizantes minerales y sintéticos y de plaguicidas, reafirmar el modelo europeo de agricultura familiar, prestar una atención especial a las zonas rurales afectadas por la despoblación, obligar a que las explotaciones que reciban fondos públicos respeten los derechos sociales y fijar un límite máximo a las ayudas por explotación.
Sobre las crisis de precios que sufren algunos productos agrícolas -cita como ejemplo el lácteo en 2008-, aboga por crear «observatorios europeos para cada sector» que cuando observen perturbaciones en el mercado alerten a la Comisión Europea y ésta pueda «aplicar medidas para regular la producción».
En este sentido, apunta que las subvenciones se dirigirían en estos casos «a los productores del sector que, durante un período determinado, reduzcan voluntariamente sus entregas en comparación con el mismo período del año anterior» para permitirles que puedan «dejar de vender con pérdidas y vivir de su trabajo».
Potenciar a las mujeres en las zonas rurales, dar ayudas más elevadas a las regiones ultraperiféricas (entre ellas, Canarias) y que el vino incluya en su etiquetado obligatoriamente su valor energético por 100 mililitros y la lista de ingredientes (incluidos los usados para la vinificación) son otras de las medidas recogidas en el dictamen.
Además, el Comité Europeo de las Regiones se opone igualmente «a que puedan efectuarse transferencias del segundo pilar al primero, pues va en contra de los intereses de las zonas rurales».