La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) ha recurrido ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía los últimos catorce encargos directos al medio propio Tragsa para solicitar la anulación de los mismos, ya que entiende contravienen la Ley de Contratos del Sector Público. Esta patronal forestal quiere dar la voz de alarma por el uso excesivo, y a nuestro entender abusivo, que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio está haciendo de la figura del encargo a medio propio, habiendo contratado, recientemente, y de manera directa, diferentes obras y servicios en el medio natural por un importe cercano a los 18 millones de euros.
El miércoles 19, la Plataforma de Contratación Pública de la Junta de Andalucía informaba de varios encargos directos a la Empresa de Transformación Agraria SA (Tragsa) para el servicio de modernización y mejora de los caminos forestales en las diferentes provinciales andaluzas, todo ello por importe superior a los 13 millones de euros. Se da la paradoja de que estos trabajos han sido desempeñados, tradicionalmente, por empresas forestales del sector privado, lo que supone un importante agravio a las normas de la competencia, como así viene denunciando reiteradamente el Consejo Nacional de la Competencia y el Tribunal de Cuentas en recientes informes.
Mientras que la inversión prevista en licitaciones públicas para el medio natural está claramente ralentizada desde el pasado mes de mayo, los encargos directos a medios propios en Andalucía están teniendo una gran repercusión en este último trimestre del año. Además de la ejecución de las obras de emergencia por temporales y otras causas naturales, para cuyo fin sí se entiende el uso de esta figura contractual, se observa por la patronal que también se han encargado directamente otros trabajos, como los servicios para la limpieza y acondicionamiento de cauces en diferentes provincias de Andalucía, que no cumplen los requisitos legales para este tipo de contrataciones. Sólo desde octubre, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha adjudicado, a través de encargos directos a medios propios, proyectos con un presupuesto global cercano a los 25 millones de euros.
Entienden que los encargos directos a la empresa pública responden más a una situación de “comodidad administrativa” que de “urgencia en su ejecución”
Para la patronal forestal andaluza, que ha analizado la memoria justificativa de alguno de estos anuncios, no existen motivos que justifiquen esta avalancha de encargos, ni bajo criterios de eficiencia económica ni por motivos de urgencia o seguridad pública, requisitos del todo necesarios para que primaran el encargo directo frente a la contratación pública.
De este modo, la patronal forestal ha interpuesto un recurso especial para la impugnación de los cuatro encargos al medio propio personificado Tragsa, consistentes en los “servicios para la limpieza y acondicionamiento de cauces en las provincias de Málaga, Huelva, Granada y Almería para 20182020”, cuyos importes globales ascienden a cuatro millones de euros.
Para AAEF, se está cometiendo una infracción en relación a la Ley de Contratos del Sector Público, ya que estos encargos no pueden acreditar la eficiencia de los mismos aplicando criterios de rentabilidad económica ni su necesidad por razones de seguridad pública o urgencia, únicas razones válidas legalmente para justificar encargos directos frente a la contratación pública. Esta patronal acredita, en el recurso presentado, que empresas de nuestro sector vienen realizando trabajos de similares características para otras Administraciones públicas con las mismas competencias, y lo hace de manera solvente y cualificada, a unos precios mucho más competitivos, siendo fácilmente demostrable, además, que estos trabajos no responden a una necesidad de urgencia.
Del mismo modo, AAEF va a recurrir los encargos directos realizados esta semana por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a Tragsa para la modernización y mejora de los caminos forestales en la región, argumentando los mismos criterios, siendo especialmente llamativo que dichos servicios sí hayan sido sacados a licitación pública otros años por esta misma Consejería. Estos trabajos, encargados a Tragsa, tienen un presupuesto global de 13 millones de euros.
Desde esta patronal, entienden que los encargos directos a la empresa pública responden más a una situación de “comodidad administrativa” que de “urgencia en su ejecución”, evitando, con estos encargos directos, los plazos y controles reglamentarios previstos para cualquier licitación pública. Sin embargo, el uso de esta figura perjudica notablemente los intereses generales de la región, al optar por una fórmula menos eficiente económicamente y por alterar las reglas de la competencia empresarial, poniendo en peligro la subsistencia de las compañías privadas del sector. Por eso, esta patronal defenderá enérgicamente ante los organismos competentes, y con los medios legales a su alcance, este tipo de actuaciones.