La investigadora de la Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural, experta en SIG y análisis demográficos, Pilar Burillo Cuadrado, presentó el pasado fin de semana en Maranchón, Guadalajara, las claves para que España pueda recibir fondos europeos para el período 2021- 2027 contra la despoblación, en el marco de las jornadas “Emprende y Vive”, organizadas por la asociación La Migaña.
El estudio realizado por la experta en análisis demográficos, y que ya se ha hecho llegar al Defensor del Pueblo, ha consistido en la delimitación de las “Áreas Escasamente Pobladas” que, hasta ahora, nadie había realizado. Y todo ello a pesar de que un reglamento de 2016 de la Comisión Europea señalaba la necesidad de incorporar a las NUTs 2 y 3 las nuevas tipologías territoriales: zonas y regiones rurales, urbanas y costeras, para que sean reconocidas por Eurostat y, por tanto, facilite información tan importante como el PIB o el empleo.
Sin embargo, hasta el momento, sólo se habían delimitado las “Áreas urbanas funcionales”. En el caso de España, destaca como la más extensa la de Madrid, que se prolonga por las provincias vecinas de Castilla-La Mancha con un total de 6.771.713 personas, esto es, 267.724 más que su propia comunidad.
Con la delimitación realizada por Pilar Burillo, el Gobierno de España puede solicitar ya a Eurostat que proporcione información, como en el caso de las “Áreas urbanas funcionales”, sobre 171 variables que permitirán mostrar la situación real de la despoblación de España y, por tanto, la posibilidad de que nuestro país se beneficie de los futuros fondos europeos. A fecha de hoy, si no se tiene en cuenta esta situación, se reducirán los fondos para las regiones más desarrolladas, como son Madrid, País Vasco, Cataluña y Aragón pese, a que como sucede en este último caso, sea la más despoblada de España con un 84% por debajo de 12,5 hab/km2.
Estamos en un momento crucial en el que se están estableciendo los criterios para el reparto de los diferentes fondos de cohesión post 2020. Sabemos que España los incrementa hasta 34.000 millones de euros, aunque el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, ya ha anunciado que su comunidad no recibirá 1.141 millones, y que, en su conjunto, España podría perder 2.500 millones de la PAC y algo más de 1.200 en desarrollo rural.