El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha asegurado que los pagos de la Política Agraria Común (PAC) se mantendrán activos durante el período de retraso de la nueva reforma que debería entrar en vigor en 2020 y que, según algunas estimaciones, podría posponerse a 2023.
Así lo ha indicado durante la inauguración este miércoles 5 en Madrid del Foro «Perspectivas PAC. Novedades y desafíos de la reforma después de 2020», en el que ha apuntado que los pagos se harán «sin interrupción» y se mantendrán activos durante ese lapso de tiempo, que es «lo que el Gobierno quiere» y forma parte del «principio de estabilidad y certidumbre» para los productores.
No habrá interrupción ni retraso en unos pagos que se mantendrán activos mientras se discute la reforma
Para ello, la Unión Europea tiene que aprobar unos reglamentos de transición a los que ya tuvo que recurrir antes de la entrada en vigor de la actual PAC, que también se retrasó.
El Ministerio «siempre» defiende que, «pase lo que pase con el calendario, no haya interrupción ni retraso en los pagos», ha remarcado Mirando, quien recuerda que ese retraso se debe a la celebración de las elecciones europeas en mayo y la dilación en la aprobación del marco financiero plurianual.
A pesar de ello, ha indicado que el Gobierno, las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias están trabajando «como si fuese» a entrar en vigor antes de 2023.
En el encuentro también ha intervenido la directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal, Isabel Bombal, quien ha indicado que el sector agroalimentario y la PAC tienen que ser «parte de la solución» contra la despoblación, que amenaza al «53 % del territorio».
A su juicio, uno de los elementos «esenciales» es que la futura PAC «reconozca la importancia» de la mujer rural y apoye la incorporación de jóvenes, la digitalización o la política de regadíos.
Las organizaciones agrarias coinciden en que es necesaria una PAC vertebradora
Por su parte, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha considerado «fundamental» el primer pilar, que incluye las ayudas básicas a la renta, al entender que es más efectivo en la dispensación de los apoyos, y ha defendido que sea una política «cuanto más nacional mejor», teniendo en cuentas las particularidades de cada zona productiva.
Asimismo, ha pedido más rigurosidad a las comunidades autónomas a la hora de gestionar las ayudas y ha considerado poco operativo hablar de techos de subvenciones cuando aún no se conoce el presupuesto otorgado a España.
Desde COAG, su secretario general, Miguel Blanco, ha defendido la PAC por ser «fundamental» para vertebrar el territorio comunitario y «hacerlo más fuerte».
En su alocución, ha apostado por una política agrícola que defienda a los agricultores profesionales, «no a los territorios», y cuyas ayudas básicas se centren en la renta «y no en los derechos históricos».
El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha insistido en que la PAC centre sus apoyos en la agricultura familiar porque «no hay mejor receta» que esa para luchar contra la despoblación.
Ha pedido, además, a los Estados miembro que aporten más fondos al presupuesto comunitario para «sustentar la PAC» y salvar los posibles recortes debidos al «brexit» o a la preferencia de la UE hacía otras políticas comunitarias, como las migratorias.