El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha comprometido a introducir todas las demandas del sector apícola en el nuevo Real Decreto que se está elaborando para clarificar el etiquetado de la miel, que en estos momentos se encuentra en fase de consulta pública.
Así lo trasladaron este lunes 3 la directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Esperanza Orellana, y el director general de Industria Alimentaria, José Miguel Herrero, a los máximos responsables del sector apícola de ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, durante la reunión mantenida en sede ministerial.
Organizaciones agrarias y cooperativas vienen reclamando desde hace mucho tiempo que se modifique la normativa actual para obligar a detallar el país de origen y su porcentaje en el etiquetado de la miel, tal y como ya sucede en otros países comunitarios como Italia, Polonia o Grecia.
En concreto, los representantes del sector apícola llevan tiempo haciendo hincapié en sus denuncias por la falta de transparencia que posibilita la aplicación de la Directiva 2014/63/UE de la Miel en España, ya que permite a los operadores etiquetar mieles con menos del 1% de miel de la UE como «mezcla de mieles UE-no UE» sin indicar los países en los que las mieles fueron recolectadas, o etiquetar como «mezcla de mieles no UE».
En su opinión, esta norma atenta contra lo establecido en la normativa comunitaria en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios ya que las leyendas admitidas por la Directiva inducen a confusión y desinforman a los consumidores.
De hecho, la eurodiputada socialista y vicepresidenta de la comisión de Agricultura de la Eurocámara, Clara Aguilera, ha pedido a la Comisión Europea una clarificación sobre las normas obligatorias del origen en el etiquetado de la miel.
En una pregunta parlamentaria a la CE, Aguilera, alertó de los “problemas” de la actual Directiva 2014/63/UE que permite etiquetar mieles con menos del 1% de miel UE como mezcla de mieles UE-no UE, sin precisar el origen del 99% del producto. “Esto va en detrimento de los derechos de los consumidores así como de los productores”, ha denunciado Aguilera.