La consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Cebrián, ha reivindicado este lunes 10 que las medidas adoptadas contra la plaga de la Xylella fastidiosa son «tan contundentes y tan duras» porque así lo marca la normativa española y europea aplicable, que es «muy estricta».

Cebrián ha indicado en un encuentro con periodistas que se está haciendo un «esfuerzo tremendo» de personal y de medios tanto en las actuaciones de erradicación de las plantas enfermas como de seguimiento de las zonas infectadas, que en la actualidad afectan a las comarcas de las dos Marinas y El Alcoià-Comtat, y del resto de la Comunitat.

Ha asegurado que el sistema de alerta es «muy extenso» y «muy efectivo» en la Comunitat Valenciana, de manera que permite la detección y la actuación «inmediata» para mantener «confinada» la plaga y evitar que pueda afectar a otras zonas o cultivos, pues su potencial de expansión es «enorme».

Cebrián pide a la CE que haya un mejor control y seguimiento en las fronteras

Según ha señalado, la Conselleria ha convocado indemnizaciones para los agricultores afectados por la plaga que superan los 2 millones de euros y para las que se han recibido hasta el momento más de 40 solicitudes, aunque se ha ampliado el plazo de solicitud para facilitar que pueda acogerse más gente.

La consellera ha afirmado que «es una cuestión muy seria» y ha reiterado que las medidas que se adoptan son «muy drásticas» porque lo establece la normativa, y porque con ellas se evita su expansión y se defiende al sector agrario valenciano «y en gran parte a la economía valenciana».

Ha resaltado que se trata de una bacteria con gran capacidad contagiosa que causa enfermedades «gravísimas» en muchos cultivos y especies, acaba matando los árboles y produce unas pérdidas de producción «enormes», y sobre la que en este momento la única medida es arrancar los árboles para «matar al hospedante».

Cebrián ha insistido en la necesidad de que la Comisión Europea sea «sensible» a las exigencias de los agricultores valencianos de que haya un mejor control y seguimiento en las fronteras, sobre todo de los productos que vienen de terceros países, para que «como mínimo» se les exija lo mismo que a los cultivos españoles y no haya así «competencia desleal».

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