Un agricultor de la provincia de Toledo ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal núm. 3 de Talavera de la Reina por haber empleado sin autorización la variedad vegetal protegida de guisante Indiana.
La sentencia considera probado que se utilizó esta variedad de guisante como material de reproducción y multiplicación a través de su siembra y para la obtención de una nueva cosecha, incurriendo en un delito contra la propiedad industrial tipificado en el artículo 274.4 del Código Penal. En este sentido, hay que recordar que el único material de reproducción y multiplicación que puede ser objeto de comercialización es la semilla certificada.
En este caso, la sentencia, que es firme, por lo que no cabe recurso alguno contra ella, condena al agricultor a la pena de 6 meses de prisión, inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo y pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados.
Estos casos suponen más de 100 millones de pérdidas al año para
La reproducción y producción no autorizada de material de reproducción de variedades vegetales protegidas de leguminosas constituye un grave problema en España, según explica la empresa Geslive en nota de prensa.
«Este fraude masivo tiene importantes consecuencias no sólo para los obtentores de nuevas variedades vegetales, a los que se están causando pérdidas multimillonarias cada año, sino también para todo el conjunto del sector, ya que constituye una grave competencia desleal para la mayoría de los productores, que se esfuerza responsablemente por respetar la ley», apuntan.
El mercado obtentor español, con 600 millones de euros, es el tercero más importante de Europa y el decimotercero mundial. Pero en lo que se refiere a la multiplicación irregular o ilícita de alguna variedad vegetal protegida o al empleo de granos para siembra sin aplicar derechos de propiedad intelectual supone, sólo en España, más de 100 millones de pérdidas al año para el sector obtentor, que está seriamente preocupado por una situación que Geslive considera “crítica”: “Es necesario acabar con unas prácticas de pirateo que perjudican a todo el sector, dañan la imagen de la producción española en el extranjero y ponen en riesgo la seguridad, ya que el material vegetal ilegal no garantiza la calidad ni la pureza varietal ni tampoco sus condiciones fitosanitarias”.