El CES europeo ha defendido que la reforma de la PAC debe reforzar la posición financiera de los agricultores activos, así como su posición en la cadena de suministro. Una PAC fuerte y financiada adecuadamente es esencial para que la agricultura de la UE sea viable y sostenible. Las disposiciones de la PAC deben atraer y apoyar a los jóvenes agricultores y facilitar el relevo generacional. Esto incluye un sólido primer pilar que garantice unos ingresos justos a los agricultores activos así como un incentivo para el suministro de bienes públicos, y un segundo pilar que esté en consonancia con la Declaración de Cork 2.0 y brinde un mejor apoyo a las zonas rurales europeas, según la principal conclusión formulada por el Comité Económico y Social Europeo (CESE) en su dictamen El futuro de los alimentos y de la agricultura sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), aprobado el 23 de mayo en el pleno celebrado en Bruselas.

Asimismo se recoge que es esencial que la PAC proteja el funcionamiento del mercado único, pero la futura PAC también debe lograr resultados en el ámbito del medio ambiente, el cambio climático y la biodiversidad, así como en los aspectos sociales y el empleo en las zonas rurale, reforzando la figura de los agricultores activos.

«Los agricultores europeos —las explotaciones familiares, las pymes, las cooperativas y otros sistemas de explotación agraria tradicional— deben poder vivir de sus ingresos agrícolas. Esto debe garantizarse mediante unos precios justos para todos y unos pagos directos elevados, destinados únicamente a los agricultores activos y a las explotaciones agrícolas que participan en la producción agrícola sobre la base de criterios objetivos y prácticas regionales y que suministran bienes públicos. No basta con ser solo propietario de tierras agrícolas», declaró Jarmila Dubravská, ponente del dictamen.

El CESE defiende una financiación sólida de la PAC y una simplificación real, y advierte sobre el riesgo de renacionalización

Por su parte, el coponente ohn Bryanaafirmaba que «el CESE respalda una PAC fuerte y financiada adecuadamente, así como un aumento del presupuesto de la UE hasta alcanzar el 1,3 % de la RNB en consonancia con el crecimiento de la economía de la UE. Debe otorgarse una financiación adecuada a la PAC para abordar las bajas rentas de los agricultores y trabajadores agrícolas, la inflación y cualquier restricción derivada del Brexit, así como establecerse requisitos adicionales en materia de medio ambiente y cambio climático».

De igual forma, reitera que «es de suma importancia que las propuestas legislativas supongan una simplificación real de los elementos más burocráticos de la PAC», declaró John Bryan, refiriéndose, en particular, a los controles sobre el terreno. El CESE propone una revisión y una remodelación completas del sistema de control en la esfera de la explotación para que sea más eficiente y menos burocrático, utilizando nuevas tecnologías mejoradas. En su dictamen, presenta una lista de cuestiones muy específicas para la aplicación. «Apoyamos un sistema de control exhaustivo basado en el riesgo, pero tiene que ser más eficaz y anteponer la orientación y los incentivos a las sanciones».

La subsidiariedad no debe menoscabar la PAC o el mercado único. Debería aplicarse únicamente a los planes de los Estados miembros para la consecución de los objetivos de la PAC, otorgándoles la flexibilidad necesaria para escoger las opciones de pago correspondientes al primer y segundo pilar que mejor se adecuen a los tipos de agricultura, estructuras y condiciones de cada país, teniendo en cuenta sus condiciones naturales y su entorno. Sin embargo, el CESE no está a favor de que los Estados miembros transfieran fondos del segundo pilar al primero. Aboga más bien por un nivel de cofinanciación razonable del segundo pilar para todos los Estados miembros.

«No se debe poner en peligro el buen funcionamiento del mercado único. La renacionalización conduciría a una mayor divergencia en los precios y el mercado», subrayó Jarmila Dubravská. Para evitar fraudes y permitir que los consumidores tomen decisiones con conocimiento de causa, el CESE pide que se imponga un etiquetado obligatorio sobre el origen de los productos agrícolas y alimentarios.