Este viernes 25 comienza el juicio en que la Junta de Castilla-La Mancha ha solicitado cuatro años y medio de prisión para seis personas que ocuparon y reconstruyeron Fraguas, un pueblo abandonado en mitad de la Sierra Norte de Guadalajara. La Junta pide para cada acusado dos años de cárcel por delitos contra la ordenación del territorio y dos años y cuatro meses más por usurpación de monte público. A esto se añaden 26.779 euros para sufragar la demolición de las casas que han rehabilitado.
Los seis okupas, según recoge David Brunat en elconfidencial.com, asisten atónitos a esta querella del Gobierno autonómico. No entienden por qué no se les demanda por vía administrativa, como se hace con cualquier otro okupa, y se muestran sorprendidos ante la posibilidad de ingresar en prisión por el simple hecho de devolver la vida a un pueblo abandonado.
«El jueves pasado recibimos la citación, solo nos han dado una semana, cuando lo normal es tener mucho más tiempo para preparar el juicio», protesta Jaime Merino, uno de los seis acusados. El juzgado de lo penal número 1 de Guadalajara les ha denegado tambien la defensa testifical. «Intuimos que es para no tener que notificar a los testigos la asistencia y poder proceder con el jucio de esta manera tan rápida», denuncia el acusado. La Junta de Castilla-La Mancha inició medidas judiciales en 2014 y hace poco más de un año confirmó la petición de cárcel. Los okupas (o «moradores», como ellos se definen) dicen que eso, en lugar de amedrentarles, les dio un impulso aún mayor.
Hace un año, el proyecto de repoblación de Fraguas se encontraba aún en pañales. Había tres casas reconstruidas, unos huertos y un cercado. Hoy hay seis casas, un taller, paneles solares, caminos transitables y un proyecto de reforestación que sirve como escuela para grupos de jóvenes ‘scouts’ procedentes de Guadalajara, Madrid o Barcelona. También grupos de estudiantes de Ciencias Ambientales y Geología de la Universidad Autónoma de Madrid han hecho de Fraguas su particular campo de investigaciones.