El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha paralizado la caza del lobo al norte del río Duero, donde la especie es considerada cinegética, y aplica la medida cautelar solicitada por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel).
La asociación ha detallado a través de un comunicado que el alto tribunal les ha dado la razón y aplica la medida cautelar que solicitaron «suspendiendo la resolución de 29 de julio de 2016 dictada por la Dirección General del Medio Natural, por la que se aprueba el Plan de aprovechamientos comarcales de lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del Río Duero en Castilla y León para las temporadas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019».
El auto «acuerda adoptar la medida cautelar solicitada y paraliza el aprovechamiento cinegético del lobo en las temporadas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019», por lo que «la suspensión sólo podrá aplicarse a la temporada 2018/2019», ha reconocido la asociación proteccionista.
La sentencia considera que el lobo no puede ser considerada una especie cinegética porque la Junta no garantiza su población
A su juicio, se trata de «un precedente en la gestión cinegética de la especie, ya que por primera vez se podrá aplicar una medida como esta que tenga un efecto real en la población del lobo, evitando la caza de ejemplares».
Ascel ha incidido en que el TSJCyL ha basado «la anulación de toda normativa en un mismo presupuesto: el lobo no puede ser considerada una especie cinegética, porque para ello se debe demostrar que su población y distribución geográfica está garantizada, algo que no ha podido ser constatado por la Junta de Castilla y León».
Además, la asociación proteccionista ha recalcado que «el Tribunal considera que la ejecución de la resolución recurrida puede ocasionar perjuicios de imposible o difícil reparación, ya que se estaría permitiendo la caza del lobo sin tener asegurado que el mismo pueda cazarse, en caso de sentencia estimatoria» de su demanda.
Para Ascel, «de nuevo la justicia pone en evidencia a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente» y su «incapacidad para poder sacar adelante cualquier normativa ambiental», por lo que ha solicitado «la dimisión del consejero o bien su cese por el presidente de la Junta de Castilla y León».
(Foto principal: Pacma)