“Las rentas de los jubilados deben volver aindexarse a la inflación”. Así de rotundo se han posicionado desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, organización que ha calculado que, para las pensiones, actualmente, por cada año de recesión se necesitarían 7 para recuperar el poder adquisitivo. Por ello, sus representantes, afiliados y afiliadas participarán mañana masivamente en las protestas convocadas por los sindicatos UGT y CC.OO.
UPA insiste en que la discriminación de los jubilados del medio rural es aún más grave que en las ciudades, y aporta diversos datos para demostrarlo. Así, desde la organización 
explican que la pensión media del sector primario es de 709,85 euros, frente a los 1.208,40 del resto de sectores (un 41% menor); el 34,8% de la población rural está en riesgo de exclusión social (10 puntos por encima de la media europea); el 75% de los habitantes de los 1.290 municipios españoles de menos de 100 habitantes tienen más de 65 años.
“El futuro de los pueblos está íntimamente ligado al futuro de las pensiones”, han explicado desde UPA, dado el alto grado de envejecimiento de los municipios pequeños, como se ha recogido también esta semana por parte de otras organizaciones agrarias. “Necesitamos una revalorización anual justa y suficiente”, sentencian.
El actual sistema de pensiones agrava la brecha económica y social entre los ciudadanos rurales y los urbanos
La desvinculación del IPC para la revalorización de las pensiones está haciendo a los jubilados y jubiladas un poco más pobres cada año, ya que las pérdidas de poder adquisitivo se van acumulando. UPA ha explicado que, en un año en que el IPC fuera del 2%, por cada año de recesión se podría llegar a perder un 1,75%, mientras que en los años “buenos” sólo se recuperaría como máximo un 0,25%, es decir, por cada año de recesión se necesitarían siete años para recuperar el poder adquisitivo perdido, lo que en opinión de UPA es “injusto y absurdo”.
Si tenemos en cuenta que en 2017 el IPC fue del 1,2% y, en cambio, la subida de las pensiones fue del 0,25%, respecto a la pensión mínima (fijada en 606,70 euros) la pérdida anual de poder adquisitivo ha sido de 79,80 euros., cantidad significativa si tenemos en cuenta que las pensiones del sector agrario son las más bajas del sistema.
En su día la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ya se mostró rotundamente en contra de esta reforma del sistema de pensiones, pues, como se está demostrando, agravaba la brecha económica y social entre los ciudadanos rurales y los urbanos. Por ello, proponen restaurar la vinculación entre la revalorización de las pensiones y el IPC, para garantizar así el poder adquisitivo de los pensionistas, ya que esta desvinculación supone el desmantelamiento de la estructura de nuestro sistema de protección social y genera bolsas de pobreza entre la población pensionista del sector agrario.
el 34,8% de la población del medio rural en España está en riesgo de exclusión social
En el medio rural, desde el inicio de la crisis, se ha producido una importante reducción de servicios públicos, suplida fundamentalmente con redes de solidaridad vecinal. Red que en muchos casos ya no existe, convirtiendo el panorama en “descorazonador”, según explica la organización agraria. Los jubilados deben afrontar unos costes de transporte muy altos para acudir al médico o realizar gestiones. Además el coste de la energía es cada vez mayor y lastra la economía de los jubilados del sector agrario.
Según datos de Eurostat y sobre la base del indicador AROPE, el 34,8% de la población del medio rural en España está en riesgo de exclusión social, 10 puntos por encima de la media europea y 7 puntos por encima de la media nacional incluyendo a las ciudades.
El 75% de los habitantes de los 1.290 pequeños municipios de menos de 100 habitantes tiene más de 65 años, lo que para UPA da muestra de la enorme importancia que juegan las pensiones en estos territorios, donde son en muchos casos la única fuente de ingresos de los hogares.
Por otro lado, la introducción del llamado “factor de sostenibilidad” supone un grave perjuicio para los perceptores de las pensiones más bajas, ya que penaliza según sea la esperanza de vida en años futuros, por lo que castiga doblemente a los jubilados del sector agrario.