Cooperativas Agro-alimentarias ha avisado de que si prosperan los «restrictivos» requisitos que plantea una norma del Gobierno aplicable a gasolineras automáticas, un gran número dejaría de prestar servicio a miles de agricultores y socios del rural, que en muchos casos no tienen otra alternativa para repostar.

El vicepresidente de la sectorial de Suministros de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Josep Lluís Escuer, ha explicado a Efeagro que hace algunas semanas presentaron un recurso ante el Supremo contra el Real Decreto 706/2017, en vigor desde noviembre pasado, aunque deja un año al sector para que puedan adaptarse.

El borrador del real decreto que se ha filtrado desata la preocupación por los requisitos  «absurdos e innecesarios» que baraja

Las cooperativas agrarias tienen más de 800 estaciones de servicio y la legislación actual les permite suministrar carburante tanto a socios como a terceros -hasta el 50% de su facturación-. Dispensan sobre todo gasóleos -como el ‘B’ o ‘agrícola’, y el ‘A’ o de automoción- y, en menores cantidades, gasolina.

Ha denunciado que el borrador de guía técnica de funcionamiento -que debe desarrollar en la práctica el Real Decreto- no ha sido aprobado aún, aunque el sector conoce un borrador que les preocupa.

Ha asegurado que los requisitos que se barajan son «absurdos e innecesarios» en muchos casos, al limitar el repostaje a 75 litros y la duración de la operación a 3 minutos -cuando muchos tractores pueden llenar 500 litros cada vez o 1.000 litros los camiones-, lo que entorpece la actividad en la red y perjudica a los socios.

También se reclaman instalaciones accesibles para discapacitados en sus gasolineras y, en este contexto, las cooperativas subrayan que «vamos a cumplir la legalidad pero los requisitos deben ser razonables y proporcionados» o, de lo contrario, «estamos condenados a cerrar las estaciones y abandonar a un segmento de población que quedaría excluida de un servicio básico».

Entre las limitaciones, también se les impone la obligación de implantar un circuito cerrado de vigilancia y externalizar este servicio a otra empresa, lo que tendría un coste medio de unos 1.100 euros mensuales para cada una de estas cooperativas agrarias.

El 6 de febrero, representantes de Cooperativas Agro-alimentarias mantuvieron una reunión con representantes del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad para analizar este asunto y la guía de funcionamiento que concrete los detalles del Real Decreto.

Ha precisado que el Gobierno tiene intención de crear una comisión, con participación de representantes de las comunidades autónomas, para avanzar en la creación de esta guía pero «el tiempo corre» y las cooperativas tendrán poco tiempo para adaptarse.

Recuerdan que las gasolineras de cooperativas «no es un negocio» sino un servicio a los agricultores y habitantes del rural

En opinión de Escuer, una norma como esta pretende «cargarse» a las gasolineras automáticas (sin personal) para contentar al gremio de las estaciones de servicio privadas, que cuentan con el respaldo de algunos sindicatos y organizaciones de discapacitados.

Recuerda que un gran número de gasolineras de cooperativas apenas dispensan 100.000 litros de carburante agrario, cantidades pequeñas que ponen de relieve que «no es un negocio» para estas empresas de economía social sino un servicio a los agricultores y habitantes del rural, que en muchas ocasiones no tienen otra alternativa.

«Nos quieren imponer acciones inasumibles, inaceptables y que no son necesarias para la seguridad de estas instalaciones» y -agrega-, algunas regiones barajan incluso la posibilidad de no permitir el funcionamiento de las estaciones automáticas de las cooperativas cuando haya vientos superiores a 19 kilómetros por hora, alegando que «el sistema anti-incendios no funcionaría correctamente».

Para Escuer, los empresarios tradicionales de gasolineras creen que el modelo «low cost», en el que incluyen a las cooperativas, ejerce competencia desleal a su red de estaciones privadas, al no prestar servicio con personal lo cual les resulta más barato.

En este contexto, recuerda que fueron las gasolineras privadas las que acometieron una destrucción masiva de plantillas en España y, hoy, muy pocas de ellas dispensan carburante agrícola.

Las cooperativas concluyen que quieren cumplir con la ley, pero piden una guía de aplicación de la normativa menos restrictiva que la que se plantea ahora y que sea de carácter nacional, evitando que cada comunidad autónoma lance normas diferentes.