La ley que contiene diversas medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en varias cuencas hidrográficas, entre ellas, la del Segura, entre las que se encuentra la referida a la exención del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) Rústico, ha entrado este miércoles en vigor, el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el mismo día que, por otro lado, está produciéndose una concentración en Madrid por parte de la inmensa mayoría de productores y regantes del Levante pidiendo agua y soluciones por el déficit hídrico.
El texto legislativo señala que se concede la exención de las cuotas del citado tributo correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018 y que afecten a fincas, viviendas, locales de trabajo y similares de naturaleza rústica de titularidad de agricultores y ganaderos afectados por la sequía.
Se creará un fondo extraordinario de lucha contra la sequía
Y añade que aquellos agricultores que cumplan los requisitos exigidos para gozar de ese beneficio y que hubieran abonado ya el impuesto podrán pedir la devolución de lo ingresado.
Así mismo, se instruye al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para establecer una línea de préstamos de mediación por importe global de mil millones de euros, que podrá ser ampliada en función de la evaluación de los daños.
La ley contempla igualmente la creación de un fondo extraordinario de lucha contra la sequía.
Otro de los objetivos de la misma es paliar el desequilibrio económico producido a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) y a los abastecimiento de la provincia de Almería en la parte que se suministran mediante el acueducto Tajo-Segura debido al uso de recursos no habituales, procedentes de pozos de sequía, contratos de cesión temporal de derecho y otros.
También se prevé la reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria en favor de los trabajadores eventuales de las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.