Fernando Fernández / Experto en Políticas Agrarias y Desarrollo Rural y Consejo Editorial de la Revista Soberanía Alimentaria Biodiversidad y Culturas
El 13 de febrero se reunió el Consejo Consultivo de Agricultura, presidido por la Ministra García Tejerina y con la participación de los consejeros y consejeras del sector de las Comunidades Autónomas. El miércoles 14, Juncker hizo pública la comunicación que con el título “Un marco financiero plurianual nuevo y moderno para una Unión que cumpla de forma eficiente sus prioridades posteriores a 2020”, marca la senda complementaria al debate de la Reforma de la PAC. En este contexto, y como siempre Juncker juega a asustar, y dice claramente que la PAC podría sufrir un recorte entre el 15 y 30% del presupuesto, y que esto significaría un recorte en las rentas agrarias del 10%. Amenazar con fuertes recortes de entrada para empezar a negociar y luego retroceder, es parte del juego político, pero aun así, está mandando dos mensajes de fondo importantes para nosotros. Primero, “los estados deben responsabilizarse de la Política Agraria Común” y “El dinero hay que utilizarlo bien y con coherencia”.
Aunque nuestro gobierno en España lo niegue, la Comisión Europea es consciente de que existen fuertes desequilibrios en la aplicación de la PAC, que la renta agraria sigue estando muy alejada de la renta media de otros sectores, que las ayudas de la PAC representan entre el 20 y un 50% de la renta que obtienen las familias agrarias, y que, además, en muchos casos, si se descontaran las ayudas directas, la renta incluso sería negativa.
En este contexto el Ministerio de Agricultura lo único que acierta a decir, es que quiere una PAC fuerte, con un presupuesto suficiente, que se niega a la cofinanciación, es decir, que España tenga que poner dinero, y que está tratando de articular compromisos con otros países. Todo bastante básico, pero ninguna idea innovadora, ninguna propuesta que nos permita tomar la delantera para construir una alternativa, y mucho menos, un proyecto nuestro ilusionante para el sector y para el conjunto de la sociedad. Es decir, básicamente “Que todo siga igual”.
Varias Comunidades Autónomas empiezan a cansarse de esta postura y empiezan a responderle de manera firme. Entre todas estas respuestas, ha destacado desde hace varios meses la del Gobierno de Aragón que ha planteado y defendido en varios escenarios una propuesta propia. Ha tomado la iniciativa y la ha compartido con prácticamente todos los actores, la ha enviado a todos los grupos políticos en el Congreso y Senado y la ha presentado de forma abierta en Bruselas. La propuesta ha despertado interés en muchos ámbitos y por todo ello creo que es honesto analizarla y confrontarla con respeto en un debate abierto como el que merecemos.
Me parece importante decir que la propuesta es de lo más novedoso que hemos podido recibir en muchos años de una administración en relación con esta política pública esencial. Además, es justo decir que contiene muchos elementos interesantes y positivos, aunque existan cuestiones de fondo en las que no estoy de acuerdo desde la posición en defensa de la soberanía alimentaria en la que me sitúo.
La propuesta de Olona parte del objetivo recogido en el artículo 39 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea que establece el incremento y la equiparación de la renta de los agricultores y agricultoras a la del resto de los sectores, objetivo que 60 años después no se ha cumplido. Plantea una reforma profunda centrada en el apoyo a la renta de los agricultores y agricultoras y aboga por la redistribución de las ayudas entre los agricultores y no entre los sectores y territorios. Esto exige como requisito previo, establecer el limite de las ayudas, eliminar los derechos históricos, eliminar los pagos por superficie y la regionalización productiva tan injusta. Estando de acuerdo en estos elementos, sin embargo, está haciendo una propuesta únicamente centrada en la distribución de las ayudas, del I Pilar, y de algunas del II, pero no está abordando una reforma integral de la PAC orientada a otros objetivos. En este sentido, plantea alternativas a problemas de distribución de ayudas.
Lo propuesta se centra en dar respuesta a la insuficiencia y la inestabilidad de la renta agraria. Hace un análisis detallado de lo que sucede en Aragón y que habría que extender al conjunto del estado, pero destaca el hecho de que el 75,41% de las rentas agrarias, incluyendo las ayudas, no alcanzan los 6.000 euros al año.
Según los autores, este problema tiene su origen en cuatro elementos que no podemos dudar que son ciertos; a) La conformación de los precios agrarios que no remuneran de manera adecuada los factores y en este sentido, manifiesta un fallo evidente de los mercados en relación con los sectores agrarios. b) La baja productividad del trabajo agrario. c) Las graves deficiencias de las estructuras agrarias, y d) los factores ambientales y climáticos impredecibles. Sin embargo, la propuesta no considera, ni tan siquiera nombra tres esenciales; e) La propia estructura del sistema agroalimentario mundial, f) el proceso de liberalización comercial, así como las deficiencias estructurales del propio entorno rural en el cual se ubican las explotaciones agrarias.
La propuesta identifica otras tres cuestiones referidas a la actual distribución de las ayudas. 1) Que cuanto más grande es la explotación, en términos generales, más ayudas recibe, sin que ello signifique que las personas titulares vivan de la actividad. 2) Que el sistema actual de la PAC y por efecto de la regionalización productiva, acaba castigando sobre todo a los territorios más desfavorecidos o con limitaciones de producción como es el caso analizado de Teruel o de tantas otras comarcas de España, y 3) La alta dependencia de las ayudas. En España entre un 20 y un 40% de la renta agraria procede de las ayudas, pero lo alarmante es que en torno a un 50% de los agricultores y agricultoras en España tendrían rentas negativas si se les retiraran las ayudas, y que en Aragón este porcentaje se eleva al 72% tomando los datos de 2015.
Por ello la propuesta de Aragón plantea focalizar las ayudas de la PAC (Primer Pilar, medidas agroambientales, agricultura ecológica y las indemnizaciones compensatorias en zonas con limitaciones geográficas) en el apoyo a la renta agraria. La cuestión es equiparar rentas agrarias justas, no distribuir las ayudas entre sectores y territorios. Plantea que las ayudas se distribuirán en función de cuatro parámetros: a) Coeficiente de dimensión económica de las explotaciones. b) Coeficiente de productividad de las explotaciones c) el coeficiente de profesionalidad, y d) coeficiente de contribución ambiental de la explotación. Cada uno de estos parámetros se desarrollan de forma detallada, pero la verdad es que se me quedan cortos en una cuestión esencial a los objetivos de desarrollo rural. Podríamos pensar la construcción de un parámetro que midiera el coeficiente territorial que valorara cada explotación en su entorno concreto y su contribución al desarrollo rural, pero además, y en función de otros objetivos socialmente aceptados, deberíamos incluir un coeficiente de calidad que valorara el resto de externalidades que la producción agraria aporta a la sociedad.
Se plantea finalmente que las rentas agrarias, excluyendo las subvenciones directas que cobren, y que sean superiores a la renta de referencia en cada región no serían compensadas con ayudas. Por lo tanto, plantea un límite claro a las ayudas, que sería la renta media del conjunto de los sectores y no solo la del agrario puesto que el objetivo es igualar los ingresos.
El planteamiento tiene otros beneficios como son; la universalización de las ayudas a todos los sectores tradicionalmente excluidos como el porcino, el avícola o el de frutas y hortalizas, y la coordinación con el sistema fiscal y de seguridad social con lo que podríamos avanzar en la reforma del sistema especial agrario de forma más justa.
Sin embargo, hay cuestiones de fondo que desde mi punto de vista no son aceptables; tanto por las renuncias que suponen como por la resignación que implican.
Por un lado, se afirma que hoy por hoy la explotación familiar agraria es inviable sin ayudas públicas, y este planteamiento es absolutamente inasumible desde el sector profesional, y extraña que el señor Olona no se imagine esto, sobre todo cuando el origen de la situación de vulnerabilidad actual se deriva del sistema agroalimentario mundial, de la liberalización de los mercados agrarios, y del excesivo poder acumulado en determinados eslabones de la cadena alimentaria que no tienen nada que ver con la producción. La responsabilidad directa en esta situación la tienen los sucesivos gobiernos que han ido renunciando a la soberanía alimentaria utilizando al sector como moneda de cambio en todos los acuerdos de libre comercio.
Por último, y sabiendo que los precios y mercados agrarios responden a reglas económicas diferentes y que por ello deben estar excluidos del derecho de competencia, sin embargo, la propuesta renuncia y además descalifica de forma absoluta, que las medidas de regulación de mercados sean eficientes y lo justifica tanto en la injusticia que supone destinar grandes cantidades de dinero a las grandes empresas agroalimentarias cosa que naturalmente se puede solucionar, y que exista una fuerte oposición en la Organización Mundial del Comercio porque estas medidas distorsionan los mercados mundiales, que por otra parte, son los causantes del deterioro de las condiciones de vida de la población campesina en todo el mundo.
A pesar de esta crítica de fondo, la propuesta de distribución merece ser considerada en un momento en el que tenemos el debate abierto en canal. Deberíamos tener muchas más ideas como esta encima de la mesa.