La polémica abierta por el reportaje de La Sexya de Jordi Évoles sobre la industria del porcino sigue provocando reaccciones. A la de la Interprofesional Interporc, se ha sumado la de la empresa El Pozo, y las de los productores, que están indignados aunque no de forma unánime. Curiosamente, la única voz que no se ha oído ha sido la del Ministerio.

La organización profesional agraria ASAJA Murcia, provincia donde se grabaron las imágenes del polémico reportaje, se ha mostrado “indignada” ante el programa, que «ha dañado gravemente la imagen del sector porcino de la Región de Murcia».

ASAJA Murcia insiste en que los hechos expuestos son «aislados y no se corresponden con la realidad de un sector»

Según ha explicado el Secretario General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, “el sector porcino es fundamental para nuestra economía regional, y en el programa de Évole se exponen unas actuaciones que no se ajustan a las normas europeas de bienestar animal, y no se puede generalizar y decir existes casos de maltrato y abandono animal, pues son casos aislados y que se deben denunciar”.

Además, el titular de ASAJA Murcia ha puntualizado también sobre esta polémica que “el sector porcino español y de la Región de Murcia cumple con la legislación más exigente del mundo en bienestar animal y seguridad alimentaria. Por tanto, los hechos expuestos en este programa son aislados y no se corresponden con la realidad de un sector como éste, que es muy profesional y cumple exhaustivamente con el bienestar animal”.

Asimismo, el portavoz de ASAJA Murcia ha subrayado también que “si existe algún caso de maltrato animal, deben perseguirse, pero no se puede ni se debe condenar a todo un sector entero, pues los ganaderos están haciendo las cosas bien, y es muy injusto y no vamos a permitir, que se perjudique su imagen”.

En la misma línea se muestra ASAJA Ávila, que ha asegurado que “hoy más que nunca hay que estar con el sector porcino después de la emisión de un reportaje en el programa Salvados de la Sexta”.

La Alianza cree que no refleja con el método de trabajo generalizado, pero pide sanciones si hay algún fraude

Por su parte, La Alianza UPA-COAG ha querido trasladar su opinión ante la polémica a la sociedad que las imágenes emitidas en el reportaje televisivo «son de una integradora particular, que para nada tiene que ver con el método de trabajo generalizado en las explotaciones ganaderas de porcino de nuestro país».

En este sentiudo, destaca que el modelo social agrario de la ALIANZA UPA-COAG» por el que trabaja y lucha nuestra organización no responde en ningún caso a prácticas de este tipo, que por encima de cualquier otra cosa es un fraude que debe ser duramente sancionado».

Por eso, la Alianza UPA-COAG sale en defensa de los miles de profesionales del sector porcino de Castilla y León «que cumplen escrupulosamente con toda la normativa que sobre sanidad, bienestar animal y seguridad alimentara existen, y desde luego rechaza prácticas como las emitidas en dicho reportaje que no pueden poner en el disparadero el buen hacer generalizado de un sector productor tan profesional como el del porcino».

El Pozo y CEFUSA aseguran que no era una granja sino «un área de recuperación sanitaria»

Por su parte, la empresa El Pozo y CEFUSA asegura ante esta polémica en un comunicado que las imágenes grabadas corresponden «a un área de recuperación sanitaria, es decir, que son animales que tienen algún tipo de malformación o enfermedad de nacimiento, que deben vigilarse para controlar su evolución y mejora y, si no se produce, llevar a cabo su sacrificio sanitario». Así lo establece el código ético y deontológico de la ganadería española. Revisiones veterinarias periódicas determinan qué animales deben ser sacrificados sanitariamente.

Asimismo, insiste en que aquellos animales que finalmente no llegan a recuperarse son sacrificados sanitariamente por veterinarios autorizados, en la propia granja, conforme a la legislación vigente de bienestar animal (Art. 3 del R.D. 348/2000 relativo a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas y R.D. 1135/2002 y R.D. 1392/2012, relativos a las normas mínimas para la protección de cerdos) y son retirados por gestores autorizados oficialmente por la Administración. La empresa dispone de toda la documentación oficial que acredita este cumplimiento legislativo.

Finalmente, tras respetar la libertad de información pide que ésta «sea veraz» y ofrece a quien lo solicite toda la documentación de que dispone, a la vez que aseguran que «tienen la conciencia tranquila tanto en lo relativo al Bienestar Animal como en materia de Seguridad Alimentaria».