En primer lugar la desunión entre el empresariado sectorial, que impide alcanzar una voz única para su representatividad, no sólo a la hora de sentarse en una mesa negociadora, sino también para defender el sector o actuar como interlocutor en cualquiera ámbito económico o institucional. Y por otro lado la desidia de la Administración para potenciar y propiciar un marco de diálogo que, bien gestionado, tendría como fruto cuantiosos beneficios sociales, tales como hacer aflorar la economía sumergida y el empleo no declarado o favorecer el asentamiento de población en el medio rural, y con ello el crecimiento económico y de servicios en esas zonas.

El empleo en el sector agrario de nuestro país se caracteriza tristemente por su precariedad, su inestabilidad y su estacionalidad. Los salarios que perciben los trabajadores agrarios son absolutamente insuficientes. Según datos de la Agencia Tributaria, el 74% de los asalariados del sector de la agricultura, la ganadería y la pesca declararon, en 2016, ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.

Estos aspectos se acentúan con la legislación laboral existente, que discrimina el empleo en el campo frente al de otros sectores. La raquítica estructura de negociación colectiva existente a nivel provincial o de comunidad autónoma está estigmatizada por el incumplimiento generalizado de los convenios, y eso donde existen, lo que propicia salarios míseros, horas extraordinarias no pagadas, problemas de seguridad y salud, y un largo etcétera.

A ello se suma el agujero normativo que posibilita que el empresario no declare a la Seguridad Social el número real de jornadas de trabajo que se realizan, con la merma de derechos que supone para los trabajadores de cara a la prestación por desempleo, la jubilación o cualquier tipo de incapacidad laboral. Una injusticia social para miles de familias y una rémora para el desarrollo rural de nuestro país.

Para revertir esta situación es necesario alcanzar un convenio estatal del campo que permita proteger a todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras del sector agrario, establecer un salario mínimo de sector, que no debe ser inferior a 1.000€, así como homogeneizar sus condiciones de trabajo en todo el territorio español. Resulta bochornoso que después de más de 40 años de democracia en nuestro país, la regulación de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del campo siga siendo una de las asignaturas pendientes, que el sector siga siendo un cajón de sastre en el que campa la picaresca de determinado empresariado a costa de la desprotección de este colectivo, e incluso sigan existiendo unas prácticas en el empleo que todavía arrastran reminiscencias franquistas.

En UGT FICA estamos decididos a acabar con esta injusticia, y nos hemos planteado como uno de los retos ineludibles de este año la consecución de un convenio que regule las condiciones laborales de los más de 800.000 trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena del campo de nuestro país. Un acuerdo que recoja, entre otros aspectos, las condiciones laborales, la organización del tiempo de trabajo y de descanso, un salario mínimo o las vacaciones anuales, y que a su vez mejore e iguale los más de 30 convenios sectoriales registrados a nivel provincial o de comunidad autónoma, a la vez que dé cobertura a aquellos trabajadores que ni siquiera tienen convenio de referencia.

Un acuerdo que dote al campo español de un instrumento para fortalecer unas relaciones laborales con las que ganará proyección hacia el resto del escenario económico, dotándole de una representatividad sectorial hasta ahora inexistente.

Dignificar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del campo de nuestro país es tarea de todos. En UGT FICA somos conscientes de ello y vamos a poner todo nuestro empeño para que en breve contemos con un convenio estatal que ponga fin a la injusticia y la discriminación que históricamente ha venido sufriendo este colectivo de trabajadores y trabajadoras.