La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha iniciado su ronda de contactos con todos los grupos políticos para presentar sus enmiendas a la Ley de Sequía que se encuentra actualmente en tramitación en el Senado. Una propuesta que se resume en dos ideas: 1.000 millones de presupuesto y medidas reales para desarrollarlo.
La organización, que este miércoles 31 se ha reunido con Compromís en el Senado, insiste en que las medidas propuestas por el Ministerio hasta ahora son del todo insuficientes para hacer frente a una de las sequías más fuertes de las últimas décadas. Por otra parte, señala el déficit en materia de infraestructuras que deberían permitir afrontar mejor preparados situaciones de este tipo, recordando que el presupuesto de inversiones reales con el que cuenta Agricultura se ha visto reducido en más de un 60% en los últimos años y que, además, es uno de los capítulos con una ejecución más deficiente.
Deducciones de las cuotas a la seguridad social, exoneración del pago del IBI y correcciones en el IRPF
Entre las propuestas de enmienda presentadas por Unión de Uniones cabe destacar la petición de ampliar las deducciones de las cuotas a la seguridad social para los agricultores y ganaderos afectados, pero también rebajas importantes en las mismas o exenciones para las cotizaciones empresariales, para facilitar el mantenimiento del empleo en las explotaciones.
En materia fiscal, Unión de Uniones incluye en sus propuestas la exoneración del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la aplicación en el IRFP tanto de correcciones a los módulos agrarios, como un aumento de los gastos de difícil justificación en estimación directa.
El proyecto de Ley contempla un fondo especial de sequía, dotado con 1.000 millones de euros, que en opinión de la organización debería destinarse a ayudas acogidas al régimen de mínimis, por ejemplo destinadas a compensar los perjuicios ocasionados, por el mayor gasto en inputs (motores de riego, piensos, tratamientos). De igual forma debe aprobarse en la tramitación de la Ley reducciones o exenciones de las tarifas, cánones o aportaciones por unos volúmenes de agua de la que los agricultores no han podido hacer uso.
La organización considera, además, que los efectos y consecuencias de la sequía se van dejar sentir también durante 2018, por lo que propone que estas medidas se apliquen, además de para 2017, también para este año.
Asimismo, recuerda que desde que en 2008 desaparecieran las tarifas especiales de regadío y pese a que ha sido anunciado por el Gobierno, incluso en sede parlamentaria, que se estudiaba «para los regantes un contrato específico de suministro eléctrico» y «adaptado a este tipo específico de consumo, cuyo perfil es de temporada» nada se ha avanzado en tal sentido y, según opina la organización, es hora de ponerlo en marcha.
Por otro lado, entre las propuestas de enmienda se encuentran otras como la incorporación de líneas de seguro de cultivo de regadío, actualmente no contempladas, para que éstas también puedan beneficiarse de la utilidad del seguro agrario y que impulsen, así, una cobertura de sequía hidrológica que responda a las necesidades de los agricultores.
Unión de Uniones cree que, si bien en las últimas semanas ha habido precipitaciones, la situación sigue siendo de extrema gravedad en determinadas zonas de Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Andalucía o Comunitat Valenciana.
La organización espera, a través de la interlocución con todos los partidos políticos en el Senado con los que tiene previsto reunirse en las próximas semanas, conseguir que se apruebe una Ley de Sequía que represente a los agricultores y ganaderos y a sus realidades y necesidades.