La Alianza UPA-COAG de Valladolid ha mantenido una reunión con el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Pablo Trillo, para reclamar que se recurra la decisión del Gobierno de limitar a 75 litros el repostaje en las gasolineras rurales y hacerlo en un máximo de tres minutos.
Según un comunicado de esta organización, «esta decisión, si se lleva a efecto, va a suponer un enorme perjuicio a prácticamente todas las gasolineras del medio rural, puesto que los agricultores repostan sus tractores con capacidades de hasta 400 litros y evidentemente están más de tres minutos con las mangueras llenando el depósito».
Estas limitaciones del Ministerio de Economía e Industria, que ya está recurrida al Supremo, afectan muy especialmente a las gasolineras y surtidores «instalados en las cooperativas agrarias que abastecen a miles de agricultores y ganaderos».
Enfado de la Alianza porque a las grandes multinacionales se les permita el autosuministro «y que éste no se considere desatendido»
La Alianza UPA-COAG denuncia también que en muchos municipios castellanos y leoneses el único suministro de combustible en un radio de acción de muchos kilómetros está en las cooperativas agrarias, por lo que si no se «flexibilizan» las medidas del Gobierno muchos surtidores rurales tendrán que cerrar con el perjuicio que ello puede ocasionar para los profesionales del sector agrario.
Asimismo, la Alianza UPA-COAG considera una contradicción que Economía justifique el desarrollo de esta norma en la búsqueda de una mayor seguridad en esas instalaciones, y sin embargo a las grandes multinacionales se les permita el servicio autosuministro de combustible «y que éste no se considere desatendido a pesar de que el dependiente esté por ejemplo vendiendo gominolas o barras de pan».
La organización, «como no podía ser de otra manera», apuesta por velar por la seguridad que se requiere en todos los puntos de venta de combustible, pero califican como «esperpéntica la limitación de tiempo y de volumen de suministro, por lo que avalamos y apoyamos la decisión de las cooperativas agroalimentarias de llevar a la Justicia hasta las últimas consecuencias para que se elimine esa imposición a las gasolineras rurales».