No es la primera vez que la distribución intenta colar patata francesa por patata española. En noviembre de 2017 también ASAJA pedía a Mercadona que retirase la publicidad. Esta vez le ha tocado el turno a la francesa Carrefour y ASAJA ha vuelto a denunciar la mala práctica.
Concretamente, el centro Carrefour en León capital publicita en los paneles una oferta de patata con origen “España”, de la variedad Recas, que al comprobar en la malla la etiqueta, resulta que es de origen Francés. Se trata del lote 009020118154, de la variedad Monalisa, que se vende en mallas de 5 kilos al precio de 3,85 euros, resultando un precio por kilo, que es el que se publicita, de 77 céntimos. 
ASAJA exige a Carrefour la inmediata retirada de oferta y con ello cualquier tipo de publicidad que pueda resultar engañosa y por lo tanto contraria a las leyes que protegen a los consumidores.
Además, la organización pone énfasis en que, por si fuera poco, el precio de 77 céntimos de euro por kilo de patata es un precio desmedido, con un margen respecto a los 9 céntimos que como máximo se pagan al agricultor leonés, del 755,5%.
ASAJA se ha dirigido a la Junta de Castilla y León para que, en función de sus competencias en materia de agricultura y consumo, inspeccione el lineal para comprobar este y otros fraudes que se pudieran estar produciéndose, obligue a la retirada del producto, y aplique las más estrictas sanciones que pudieran corresponder.
pide a la Junta que intensifique la labor inspectora en materia de consumo
La organización le exige a Carrefour que no utilice prácticas con el consumidor español que ni se plantean a la inversa con el consumidor francés, lugar de origen de la cadena. Por otro lado afirman desde ASAJA que «se puede entender la compra de mercancía francesa en momentos de desabastecimiento del mercado español, pero no se entiende cuando en Castilla y León las naves están repletas de patata de máxima calidad a precios ocho veces inferiores al que ellos le cobran al cliente.»
ASAJA de Castilla y León le pide a la Junta que intensifique la labor inspectora en materia de consumo y que no espere a que las denuncias lleguen de los consumidores o de organizaciones, que aplique la normativa con rigor y que publicite los casos en los que se producen fraudes. Igualmente hace un llamamiento a los consumidores para que sean exigentes al comprobar el origen de los productos y que pidan siempre productos de la tierra, ya que son garantía de sostenibilidad y apuesta por el territorio, además de garantía de calidad sin que ello suponga un mayor coste.