Juan Sebastián Castillo Valero / Universidad Castilla-La Mancha
Raúl Compés López /Universidad Politécnica de Valencia
Llevamos asistiendo en el último año a debates y reflexiones en torno a la posible PAC del futuro, y sorprende la falta de profundidad y argumentos de alguna novedad que sirvan para resolver, en alguna medida, las principales deficiencias que lleva a cuestas la deriva evolutiva de la PAC de las tres últimas décadas: en primer lugar, la consolidación del statu quo presupuestario como el primer factor de adjudicación de las ayudas , en particular en España; en segundo lugar, la debilidad de las medidas estructurales y de la competencia para aumentar el poder de negociación de los productores y, en tercer lugar, la inoperancia en torno a las crisis coyunturales recurrentes que presentan los subsectores agroalimentarios, es decir, la inanidad y futilidad en las mal llamadas gestión de crisis.
Es difícil argumentar que estén recibiendo las mismas ayudas directas las explotaciones de olivar (por citar un ejemplo), con los precios que perciben en origen, que las explotaciones de leche o las cerealistas, con las crisis de precios que padecen estos últimos años. El concepto de ayuda a las rentas se ha desvirtuado absolutamente, y se ha generado una ‘simple bufanda’ o “seguro histórico” de ingresos, que se descuentan por anticipado.
Sorprende que la preocupación se centre en la convergencia territorial de ayudas, en pseudoverdeos, en pretendidas uniformidades de ‘ayudas para todos y para todo’, en lugar de centrar el debate en los términos productivos, de profesionalización, de lucha contra el cambio climático, de competitividad y sostenibilidad que deben guiar el desarrollo y modernización de un sector agroalimentario de futuro.
Las crisis en la fase productiva, manido eslabón débil de la cadena alimentaria, y su correlato de pérdida de activos y abandono de tierras se ven sustentadas en la volatilidad y vulnerabilidad inherente al mundo global. No hay nada que haga pensar que esta situación se va revertir. De hecho, es probable que cada vez sean más recurrentes, por lo que una política agraria de alcance, como debería ser la PAC, no puede soslayar el grave problema del riesgo económico asociado a la agricultura del siglo XXI y dejarlo en el ámbito secundario de la actuación pública nacional.
Creemos, por tanto, que hay algunas preguntas que deben ser incorporadas al debate para no dejar pasar una oportunidad de cambio real de la PAC en un momento de grandes incertidumbres políticas y económicas: ¿Se pueden utilizar las ayudas directas para diseñar un mecanismo de apoyo a las rentas vinculado a las coyunturas subsectoriales y compatible con el Acuerdo de Agricultura de la OMC? ¿Cómo promover e integrar los seguros de rentas, y similares, en esta estrategia? ¿Se puede mejorar la coherencia y consistencia de los Pilares I y II, en aras de una mejor utilización de los recursos públicos y una planificación más eficaz de los PDRs?
En esta línea nuestras propuestas iniciales para abrir el debate son:
-Utilizar las ayudas directas para discriminar por coeficientes de apoyo según la coyuntura del sector (¡Hasta algo tan purista como es el IRPF hace índices correctores en las líneas agrarias!). Si bien en el pasado la evolución de las ayudas ha seguido una lógica que puede ser explicada en función de restricciones y demandas de fuerza mayor -referencias históricas, territoriales, sectoriales, etc.- los nuevos desafíos exigen planteamientos más innovadores y más ambiciosos que los acoplamientos ex ante. Es relativamente sencillo el cálculo de unos márgenes garantizados por hectárea, que se pueden conseguir primero con la vía de márgenes directos devenidos en los mercados, y complementados, cuando no se consigan, con ayudas directas y el sistema de seguros de rentas en complementariedad.
– Por tanto, es básico, configurar y el establecimiento de un potente sistema de seguros de rentas (tanto en garantía de ingresos como de márgenes) que complementen la seguridad en coyunturas de mercado.
– Las ayudas verdes de la PAC deben estar vehiculadas en torno a la mitigación de las huellas ambientales en las explotaciones (también en la industria alimentaria), condicionadas a programas de mitigación-compensación, tanto de la huella hídrica, de las emisiones de carbono y de la intensidad energética. Además, habría que vehicular un sistema de conversión en créditos de las programaciones de reducción, y ampliar la valorización potencial de la inversión ambiental, planteando una base de intercambio, en forma de mercados voluntarios de transacción de créditos (por ejemplo, de forma similar a los existentes tipo CCX en el mercado de carbono forestal).
– El desarrollo rural debe volver a configurarse con lo que realmente es: población rural y la lucha contra el despoblamiento, territorio, medioambiente, diversificación de rentas…etc, en la línea de la aproximación a la política de cohesión de la reforma del 2013. Una parte sustancial del Pilar 2 debe ir destinado a apoyar las inversiones en materia de adaptación al cambio climático, que va a ser uno de los desafíos más importantes para muchas explotaciones en los próximos años.
Hay que reconocer que el sector agroalimentario europeo está demostrando una gran capacidad exportadora, y que una parte significativa de las empresas exportadoras son medianas y pequeñas. Sin embargo, la fragilidad del sector productor no se ha reducido, y de hecho continúan en muchas regiones europeas la pérdida de activos. Si no se plantean objetivos y medidas más ambiciosas, los cambios, simplemente de fachada, que dominan los debates actuales llevarán a la PAC a dar un paso más en el camino de la irrelevancia como política agraria de fondo para abordar con precisión los problemas de la agricultura y la realidad del sector agroalimentario.