El Grupo Parlamentario Socialista quiere blindar la PAC ante el principio de acuerdo que ya se ha alcanzado dentro del Reglamento Onmibus y que vuelven a flexibilizar los requisitos de los posibles perceptores de las ayudas europeas. Por eso, va a reclamar en la Comisión de Agricultura y Ganadería de las Cortes de Castilla y León que la futura reforma de la Política Agraria Común permita cobrar las ayudas del presupuesto europeo únicamente a quien acredite ser agricultor activo.

En un comunicado, el procurador socialista José Luis Aceves ha explicado que después de que la Comisión Europea se haya planteado simplificar los requisitos para que no sea obligatorio acreditar ser agricultor activo, existe la posibilidad de que entidades que gestionan instalaciones deportivas o grandes terrenos de inmobiliarias puedan acceder al reparto de subvenciones.

Proponen blindar para que, frente a la corriente comunitaria partidaria de una mayor flexibilidad, España no varíe su actual política

Aceves ha añadido que este reglamento que debe aprobar el Consejo y el Parlamento de la UE, deja en manos de cada Estado miembro la facultad de no aplicar la exigencia de la figura de agricultor activo como el destinatario de las ayudas.

El procurador segoviano ha asegurado que, frente a la corriente comunitaria partidaria de una mayor flexibilidad en los pagos a quienes ostenten unos derechos al margen de su actividad o rebajando las exigencias a mínimos, en Castilla y León existe un amplio consenso en la necesidad de restringir el acceso a las ayudas, por lo que parece «coherente que en nuestro país no se camine por esa senda».

Por eso, Aceves defenderá una proposición no de ley para dirigirse al Gobierno de España y demandar a su vez a la Comisión Europea para que se pueda blindar que sea solo el agricultor activo el destinatario de las ayudas de la PAC.

Además, el procurador socialista ha recordado que para ser agricultor activo es indispensable que los ingresos por la actividad agraria supongan un mínimo del 20 por ciento de los ingresos de la explotación, pudiendo corresponder el 80 por ciento restante a ayudas públicas.