Asaja ha pedido al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) que impulse la creación de una Organización Interprofesional para el sector de fruta dulce, con el objetivo de vertebrar el sector y mejorar el conocimiento, la eficiencia y la transparencia del mercado.
En un comunicado, Asaja ha informado de que se ha reunido con el director general de Producciones y Mercados Agrarios, Fernando Miranda, y con el subdirector general de Frutas y Hortalizas, Ignacio Atance, «para analizar la grave crisis que atraviesa el sector de fruta dulce en España» y «estudiar medidas, tanto a corto como a medio plazo, que consigan recomponer la situación».
Propone establecer un plan de prejubilación y retirada del sector, con arranque de plantaciones y control de otras nuevas
Ha recordado que los problemas se desencadenaron hace tres años con la declaración del veto ruso en 2014. Asaja cree necesario aumentar la promoción de este tipo de fruta a través de acciones encauzadas a destacar su calidad.
En el medio plazo, aboga por establecer un plan de prejubilación y retirada del sector, con arranque de plantaciones y control de nuevas plantaciones, tanto en hectáreas como en variedades, «con el objetivo de escalonar y ordenar la producción y por tanto la oferta».
A corto plazo, la organización agraria reclama acciones para paliar las dificultades financieras que atraviesan los productores como la condonación de cuotas de la Seguridad Social -en concreto, la devolución de las cuotas abonadas desde mayo-; la reducción en el coste del seguro agrario y de módulos del IRPF, y nuevas líneas de financiación a través de créditos Saeca.
Asaja ha insistido en que el sector de fruta dulce de hueso «es crucial para el mantenimiento de la población en amplias comarcas del territorio» y es «la fuente principal de desarrollo económico en dichas zonas».
Según sus datos, en las últimas campañas de fruta dulce los precios por debajo de costes de producción han llevado al sector a «una situación límite que requiere de la adopción de medidas urgentes de forma coordinada entre el Ejecutivo y los gobiernos autonómicos de las zonas afectadas».