El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado siete alegaciones contra la concesión de 540 hectómetros cúbicos de agua a los regantes del trasvase Tajo-Segura, en las que argumentan que «es ilegal porque no hay agua en la cuenca cedente y, además, la documentación aportada por los regantes está caducada».
En una conferencia de prensa ofrecida en las Cortes regionales, donde se debate y previsiblemente aprobará el presupuesto de la Junta para 2017, la consejera de Fomento castellanomanchega, Agustina García Élez, ha agradecido la denuncia que formuló la Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina relativa a la concesión de agua a los regantes del trasvase.
García Élez ha informado de que el Ejecutivo castellanomanchego se ha posicionado en contra de las concesiones de agua, que tiene derecho a conocer tras una sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2017 en la que se reconoce el derecho de la cuenca cedente a conocer el destino final del agua trasvasada.
«Es una ilegalidad, una irracionalidad que los regantes pretendan utilizar un agua que no es de esa cuenca»
En base a esta sentencia, el Ejecutivo castellanomanchego supo de las concesiones de agua que tiene intención de aprobar el Ministerio de Agricultura y el 11 de agosto presentó siete alegaciones.
En ellas, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha argumentado que la documentación aportada por los regantes está caducada y que, tras la sentencia del Tribunal Supremo, la legislación en la que se basan los regantes para solicitar las concesiones de agua ya está derogada.
«Es una ilegalidad, una irracionalidad que los regantes pretendan utilizar un agua que no es de esa cuenca, sino que es del Tajo y pertenece a la cuenca cedente», ha exigido la consejera de Fomento, que ha considerado que con las concesiones de agua «se viola el derecho de la cuenca cedente, que no es otra que Castilla-La Mancha».
Además, el Gobierno castellanomanchego también ha expuesto que la cuenca del Tajo es deficitaria, por lo que «no hay agua y no se pueden hacer concesiones».
En este sentido, ha indicado que la cuenca del Tajo tiene almacenados, en los pantanos de cabecera, 255 hectómetros cúbicos, que son 222 menos que hace un año.
«No se pude venir ahora a pedir agua cuando hace un año teníamos más, porque si miramos, la cuenca del Tajo es cada vez más deficitaria», ha denunciado la consejera, que ha insistido en que «no se pueden hacer concesiones de agua a los regantes teniendo en cuenta cómo se encuentra la cuenca del Tajo», porque el río «está seco».
En cualquier caso, la consejera ha resaltado que el Gobierno regional «siempre va a defender los intereses» de los castellanomanchegos, porque la comunidad autónoma «necesita agua para generar riqueza» y «los regantes de Murcia no pueden tener los mismos derechos que los Castilla-La Mancha, porque Castilla-La Mancha es la cuenca cedente».
«El trasvase no es la solución para otras comunidades, que se tienen que adaptar a los recursos que existen»
En esta misma línea, ha recordado que el Ejecutivo castellanomanchego ha recurrido ante los tribunales todos los trasvases aprobados por el Gobierno central desde el inicio de la Legislatura y, aunque de momento no ha habido ningún pronunciamiento, se ha mostrado confiada en que la Justicia dé la razón a la región.
Aunque ha admitido que cuando se dé una respuesta «el agua n o estará en origen ni en destino», sí ha resaltado que «dará una fuerza para que se ponga punto y final» al trasvase del Tajo-Segura.
Y en relación a las declaraciones del president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, quien ha considerado que «a día de hoy» el trasvase Tajo-Segura «es necesario» e incluso «absolutamente imprescindible» para determinadas zonas de Alicante, García Élez ha asegurado que el Gobierno regional respeta estas palabras, pero «el trasvase es inadmisible para Castilla-La Mancha».
Sí se ha mostrado de acuerdo con la apuesta de Puig por avanzar en la reutilización del agua y mejorar la capacidad de desalinización y ha propuesto buscar una solución global en un pacto nacional por el agua, en el que «se pongan los intereses de todas las comunidades al mismo nivel».
También ha apelado a un pacto nacional del agua al comentar el informe de Greenpeace sobre el trasvase y en el que se apunta que las cuenca del Segura se podría abastecer con sus aguas subterráneas.
«El trasvase no es la solución para otras comunidades, que se tienen que adaptar a los recursos que existen o mirar para otro lado, porque las desaladoras están ahí», ha asegurado la consejera, que ha agradecido el «informe demoledor» de Greenpeace.