La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras analizar los datos ofrecidos por el FEGA, en el año 2017, destaca que se han presentado 134.900 menos solicitudes PAC que las tramitadas en 2014 (casi 50.000 sólo en el último año, según los datos oficiales), con carácter previo a la entrada en vigor de la anterior reforma, descenso que atribuye a que el filtro del agricultor activo no ha funcionado.
La organización, una vez analizados los datos de evolución de perceptores de ayudas PAC de las últimas campañas, considera que la mayor parte de la reducción de entre 2014 y 2017, de un 15,3% de los beneficiarios, se debe a la elevación de 100 a 300 euros del tope mínimo de ayudas a percibir.
Según Unión de Uniones, la nada exigente definición del agricultor activo aplicada en España por el Ministerio de Agricultura ha influido en muy pequeña medida en esta bajada de los perceptores. La organización manifiesta que el Mapama ha permitido que se considere activo a cualquiera que pudiera acreditar la responsabilidad empresarial de la explotación, sin considerar su vinculación profesional a la actividad agraria. No obstante, tanto desde el Ministerio, como desde las Consejerías de Agricultura de algunas Comunidades Autónomas han pivotado sobre dicha definición la reducción de beneficiarios al, presumiblemente, acabar con los «agricultores de sofá».
La situación tras la reforma ha acabado provocando la explusión de pequeños agricultores activos
La Reforma de la PAC decidida por el Ministerio estableció también la elevación en dos campañas del importe mínimo necesario para cobrar la ayuda PAC, de manera que en 2015 era de 100 euros y en 2017 y siguientes es de 300 euros. Este incremento del mínimo es el que fundamentalmente ha ocasionado la expulsión de las ayudas directas de la mayor parte de los beneficiarios que han salido del sistema en estas últimas campañas.
En el año 2015 había en España 116.620 beneficiarios del régimen de Pago Único que cobraban entre 100 y 300 euros que constituirían el grueso de los agricultores que ya no aparecerían en el listado de beneficiarios. «Aunque la cantidad no es exactamente comparable, el régimen de pago único suponía el 80% de los pagos directos, por lo que se trata de una aproximación bastante fiable, aunque no tiene en consideración las ayudas acopladas y otros regímenes de ayuda que también computan para el límite mínimo de pago», analizan desde Unión de Uniones.
Asimismo, los datos por Comunidades Autónomas confirmarían este hecho, porque son, en general, las que tenían mayores porcentajes de pequeños perceptores en 2015 las que habrían visto reducir en mayor medida su número de beneficiarios en estos años.
Así, por ejemplo un 28,6% de los expedientes de pago único en la Comunidad Valenciana estaban por debajo de los 300 euros, el más alto de España, y también la reducción sufrida, del 32,3%, es la mayor de España. Por el contrario, Aragón, con sólo un 11,1% de perceptores de menos de 300 euros en 2015, ha disminuido el número de beneficiarios un 9,2%.
Unión de Uniones, que ha defendido en todo momento la aplicación de una definición de agricultor activo «mucho más rigurosa y cercana al profesional agrario acudiendo incluso a denunciar ante la Comisión Europea la normativa española», considera que ni el Ministerio, ni las Comunidades Autónomas «se han preocupado de concentrar las ayudas en los verdaderos activos agrarios, sino, simplemente, de quitarse carga de trabajo dejando sin ayudas a más decenas de miles de pequeños agricultores, muchos de ellos profesionales, pero en sectores que tradicionalmente han contado con poca o ninguna ayudas directas».
Por lo tanto, la organización seguiría insistiendo de cara a la futura Reforma que se mantenga y refuerce la figura del agricultor activo como beneficiario de las ayudas de la PAC y que no se haga uso en España de la facultad de eliminar dicha exigencia, en caso de que el llamado Reglamento Ómnibus se apruebe finalmente previendo esta posibilidad.