La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que agrupa a la asociación sectorial de la energía solar fotovoltaica en España, ha acusado a la plataforma SOS Rural de «difundir información falsa en torno a las energías renovables con un discurso negacionista y populista para fabricar artificialmente alarma social donde no la hay».

«Detrás de una supuesta defensa del mundo rural o del paisaje, ocultan intereses económicos competitivos por el uso del suelo», ha denunciado UNFE a raíz de que SOS Rural alertara del «daño irreparable» que supondrá la tala masiva de 100.000 olivos expropiados para construir una megaplanta fotovoltaica en la provincia de Jaén y de que la proliferación «sin control de megaplantas en tierras de cultivo supone una amenaza para el medio rural».

En un comunicado esta asociación sectorial se pregunta por las motivaciones que puede haber detrás de esta «campaña de desinformación negacionista contra un sector que está transformando positivamente el panorama energético y económico nacional» como son las energías renovables.

Sobre la expropiación de tierras de olivar para construir una planta fotovoltaica en la provincia de Jaén , UNEF ha matizado que no es una expropiación forzosa y responde a acuerdos voluntarios de alquiler con el 96,3% de los propietarios del terreno en el que está proyectada la instalación y ha precisado que la planta «tendrá 402,29 hectáreas, no 895» como sostiene SOS Rural.

También ha negado que el precio de los alquileres del terreno sea de 1.000 euros por hectárea y que luego se revende a fondos de inversión a 10.000 euros la hectárea, ya que, según UNEF, ese pago «haría económicamente inviable cualquier proyecto».

En este sentido, ha asegurado que los alquileres de terrenos en Andalucía para proyectos fotovoltaicos se están pagando de media entre 1.500 y 2.500 euros por hectárea.

Igualmente, ha rechazado la alarma social que se está creando y ha replicado que es falso que las empresas promotoras emplean “tácticas fraudulentas para esquivar escollos legales, como la fragmentación artificiosa de los megaproyectos fotovoltaicos en varios proyectos de menor tamaño y que producen menos de 50 megavatios para eludir el control de la Administración Estatal, que exige una tramitación ambiental ordinaria, más exigente que la ambiental simplificada que exige la Administración Autonómica.

A este respecto, ha señalado que las exigencias medioambientales de los proyectos son las mismas independientemente de su tamaño y de la administración que lo gestione (autonómica o estatal).

De hecho, ha indicado que la Autorización Ambiental Unificada a la que están sometidas las plantas de competencia Autonómica (menos de 50 MW) tiene un nivel de exigencia igual que las plantas de más de 50 MW, sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria por la Ley estatal.