La Alianza UPA-COAG ha denunciado que el 75% del trigo y el 33% del maíz que exporta Ucrania viene directamente a España hundiendo los precios del grano nacional, por lo que reclama actuaciones urgentes por parte de las administraciones españolas para que todo cereal que esté llegando a nuestros puertos cumpla con la normativa nacional, y en este caso no se salte las directrices de aplicación en España.

La denuncia de la organización de días atrás sobre el incumplimiento flagrante del sector cerealista, con costes de producción de 270 euros/tn para el agricultor y precio de venta a unos 190/195 euros/tn actualmente de la cebada, «debe ser motivo suficiente para que se actúe urgentemente desde las autoridades competentes».

La Alianza UPA-COAG aporta datos que son esclarecedores en el sentido de que el 75% del trigo y el 33% del maíz que exporta Ucrania viene directamente a los puertos españoles a unos precios sensiblemente inferiores al precio del grano de nuestro país, «y además en algunos casos en malas condiciones».

CONSIDERAN QUE NO SOLO LOS AGRICULTORES PUEDEN ASUMIR LOS COSTES DE ESTA GUERRA SINO QUE DEBE SER EL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD EUROPEA

En este sentido, aclara que «valga como argumento principal que nuestra organización ve con buenos ojos que se apoye políticamente desde toda Europa y a todos los niveles a un país que está inmerso en una terrible e injusta guerra desde hace tiempo. En este sentido, también consideramos que no solo los agricultores pueden asumir los costes de esta guerra y el apoyo a la economía de un país entero como Ucrania, sino que debe ser el conjunto de la sociedad europea».

La Alianza UPA-COAG reclama que ese grano ucraniano y de otros terceros países que entra masivamente a nuestro país cumpla con las normas nacionales. «Por lo tanto, que en el momento de su entrada se le ponga una tasa o arancel que como marca la propia normativa con la que nos hemos dotado en España ese grano no entre nunca por debajo del coste que ha tenido que asumir el productor nacional».

Finalmente critica que «no se puede tolerar que los cerealistas de Castilla y León se estén arruinando con la entrada masiva de grano foráneo sin que se valore, por parte de quienes lo permiten, la situación extremadamente delicada de los productores de nuestra región que llevan varias campañas produciendo bajo pérdidas sin que se adopten medidas contundentes que recoge la propia Ley  y que ampara el derecho de los afectados».

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