Pasan los años y la vida sigue igual. La LA UNIÓ Llauradora denuncia que el sistema europeo de alertas en alimentos RASFF detecta al cierre de 2024 un total de 892 rechazos de productos hortofrutícolas de terceros países con materias activas no autorizadas en la Unión Europea o por superar los Límites Máximos de Residuos (LMR) permitidos, por los 613 de 2023. Supone un aumento considerable de casi el doble -concretamente del 45%- y refleja la gravedad del asunto en un contexto de reducción de los productos fitosanitarios en la UE.
Ante la magnitud de los datos, LA UNIÓ propone incrementar al 50% el control de identidad y físicos a las frutas y hortalizas de los países con mayor número de intercepciones como son Turquía y Egipto. Y para que resulten efectivos reclama que se amplíe el período de estas medidas a 12 meses. Si durante cualquiera de los meses de este período, se observa un incremento del 5% de las alertas en algún producto, la organización plantea el cierre de las importaciones de estos países y de los productos agrícolas con restos de pesticidas no autorizados en la UE o que superen los LMR establecidos.
«NO SE AVANZA NADA EN LA RECIPROCIDAD, POR LO QUE LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DEBERÍAN PLANTEARSE SU POLÍTICA DE REDUCCIÓN DE MATERIAS ACTIVAS”
Este crecimiento tan relevante de un año para otro se produce sin que existan mecanismos de reciprocidad en los estándares de producción entre los los productos importados y europeos, sin la adopción de cláusulas espejo y sin ningún tipo de compromiso tampoco de reducción de materias activas en terceros países como se lleva a cabo en la Unión Europea.
Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, indica que «no se avanza nada en la reciprocidad, las cláusulas espejo se quedan siempre en un mero anuncio pero nunca son una realidad, por lo que las autoridades comunitarias deberían plantearse su política de reducción de materias activas si no es capaz de avanzar en estos otros aspectos. Si determinadas sustancias o productos fitosanitarios son malas aquí para los consumidores, digo yo que también serán las que nos entran con los productos importados».
En este sentido Peris señala que «las autoridades comunitarias no pueden hacer por más tiempo la vista gorda ante esta situación y deben garantizar que los productos agrícolas importados a disposición de los consumidores tengan los mismos estándares de producción que los que se nos exige a los agricultores europeos».
Insiste en que «no puede ser que los terceros países tengan todas las ventajas del mundo a la hora de entrar con sus productos en los mercados europeos con materias activas no autorizadas, mientras aquí nosotros hacemos esfuerzos en la reducción del uso de pesticidas que nos han provocado más dificultades para controlar las plagas y mayores costes productivos que debemos asumir, como por ejemplo el control del trips sudafricano nos ha supuesto esta campaña un aumento de los gastos del 40%».