José Manuel de las Heras / Coordinador Estatal de Unión de Uniones

Este pasado mes de mayo nos dejaba Fernando Sanz-Pastor, señalado ingeniero agrónomo que hace 44 años, por 1977, publicaba un ensayo que ha formado parte de innumerables bibliografías de estudios y trabajos posteriores sobre el sector agrario y el medio rural; su título: «Es urgente la Reforma Agraria». Más allá de la vigencia del título, en algún análisis posterior que acudía al texto se citaba que para afrontar dicha reforma era necesario «un Mando lúcido» y «una legislación adecuada». Pues nos viene que ni al pelo ahora que nos plantamos en 2022, pensando en las tareas que nos quedan pendientes para nuestro sector, a modo de figurada carta a los Reyes Magos.

Para Unión de Uniones en este próximo año sigue siendo urgente la Reforma Agraria -lamentablemente parece que tanto como siempre- porque se han cerrado en falso las dos de más enjundia abordadas durante 2021, la de la PAC y la de la Cadena Alimentaria. La primera de ellas por tropezar, otra vez, en la misma piedra que las anteriores, que es la de pensar que en este sector nuestro (a diferencia del resto) da igual ser profesional que no serlo. Menudo error. Y la segunda, al olvidar que el equilibrio en la cadena debe buscarse, si… pero en favor de la parte más vulnerable, que somos los agricultores y ganaderos. En 2022 deberíamos intentar enmendar lo torcido. Va a ser complicado, porque la primera condición necesaria, la voluntad política de hacerlo, es la que parece faltar en un Gobierno (representado en esto por el Ministerio de Agricultura) y unos partidos que lo sustentan, bastante complacidos con lo que han sacado adelante en ambos casos. Lo que ahora opine Unión de Uniones es, seguramente, lo de menos. Lo importante será la realidad que constatemos en unos meses. Veremos si los precios compensan o no los costes de producción y si a los profesionales nos va mejor o peor.

También despedimos el año con otra reforma, la laboral, que nos han largado a nuestro sector, ni comerlo ni beberlo…. sin consultar que nos parece a quienes gestionamos cada año tres millones de contrataciones. Nos tememos (temor que muy posiblemente comparta la Ministra Yolanda Díaz) que el Real Decreto-Ley 32/2021 pasará su trámite como proyecto de Ley. Si es así, Unión de Uniones presentará sus enmiendas sobre como acomodar las contrataciones temporales a las necesidades de nuestra actividad y, aprovecharemos, ya que se modifica el Estatuto de los trabajadores, para ver si somos capaces de dotar de legitimidad a quien se sienta a negociar los convenios de campo. Todo el mundo (el Ministerio el primero) es consciente de que los convenios están hilvanados con el hilo –muy, pero que muy flojo- del mero reconocimiento mutuo de las partes (por no llamarlo connivencia), pero sin acreditar ni a los trabajadores, ni a los empleadores a los que dicen representar. Consecuencia de ello: que cuando se han denunciado a los tribunales, se han acabado anulando. Puesto que hemos abierto con la reforma el melón de las contrataciones y la negociación colectiva, este asunto de la legitimidad de los negociadores es vital.

Y ya puestos, hemos tenido también un par de amagos con los anuncios de la reforma del régimen de autónomos y de la reforma fiscal para el sector agrario. Para no faltar a su tradición, los Ministerios competentes ni se han dignado a informarnos a los afectados. Además de las reformas en si mismas, queda como asignatura pendiente para este 2022, que Trabajo y Seguridad Social reorienten mejor esta extraña gobernanza suya que cada vez se parece más a un despotismo, además, poco ilustrado.

Un Gobierno tan inclinado a las reformas legales no debería tampoco pasar por alto otras dos muy necesarias, la de la Ley 19/1995 de Modernización de las Explotaciones Agrarias y la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. A la primera de ellas, que establece el apoyo preferente a las explotaciones prioritarias gestionadas por agricultores y ganaderos profesionales, se la ha sepultado bajo una montaña de normas europeas, estatales y autonómicas de manera que, ni siquiera se la echa cuentas para conceder ayudas como las del RENOVE agrícola, dándoselas antes a quienes presentan primero la solicitud, en lugar de a quienes viven fundamentalmente de su actividad agraria.

En cuanto a la segunda, la de desarrollo sostenible del medio rural, ni está ni se la espera pese a que su actualización e implementación estaba en el programa electoral del PSOE de las elecciones del 2019. Sería una buena herramienta para luchar contra el reto de la despoblación de nuestros pueblos si se la aliviara de toda su complejidad y se la dotara de una personalidad financiera propia.

Luego tenemos la otra Reforma en la que agricultores y ganaderos llevamos embarcados varios años, la de la transición de nuestro modelo productivo hacia la sostenibilidad ambiental. Este 2022 será el año en que se concreten los principales instrumentos -mayormente los eco-regímenes de la PAC- con los que contaremos para mantenernos en esta senda durante los próximos años. Asunto muy importante, en el que ya partimos con el hándicap de que para afrontar nuevos retos tenemos prácticamente el mismo dinero. En realidad, un poco más si contamos con el paupérrimo 1,6% que se dedica a programas agrarios del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Sus últimos datos de ejecución a noviembre indicaban que, del dinero presupuestado para 2021 (cerca de 390 millones de euros, descontada las medidas en pesca) faltaba un 22% por comprometer. Desde luego que una de las tareas pendientes para 2022 será que esos fondos lleguen al sector y contribuyan a facilitar la transición ecológica de las explotaciones.

Puestos a pedir, podríamos insistir en cuestiones como la vuelta del lobo al sistema de protección y control anterior a la Orden de septiembre; un mayor control fitosanitario y la exigencia de reciprocidad para las importaciones de países terceros o medidas para controlar y compensar el actual encarecimiento de los medios de producción. Con todo lo anterior, más estas cosas, es probable que al Gobierno este próximo año preelectoral le duela la cabeza. El ambiente en el campo empieza a parecerse bastante al de enero de 2020 y sólo la pandemia puede frenar nuevos movimientos multitudinarios de protesta.

Por cierto, y hablando de esto, resulta llamativo el contraste entre el malestar y la indignación que hierve y se expresa por parte de agricultores y ganaderos de toda España y la silente actitud a nivel estatal de las tres OPAs que están en el Consejo Agrario por la digital voluntad del MAPA. Democracia en el campo ¡ya!, por favor. Unión de Uniones reclama para 2022, como siempre hace, elecciones agrarias. Puede que el Ministerio no nos conceda lo que pedimos, por revoltosos.

El recordatorio de otras cuestiones sectoriales y horizontales que incluiríamos en una hipotética carta a los Reyes Magos, además de las citadas, sería demasiado extenso. Ya las haremos llegar a quien corresponda a lo largo del año. Así que, para acabar, lo haremos, con un clásico, como empezamos y a modo de resumen… que nos traigan, por favor, «un Mando lúcido» y «una legislación adecuada».