EFE.- El fuego arrasó casi 200.000 hectáreas hasta noviembre de este año, lo que supone 100.000 hectáreas más de la superficie devastada en el mismo periodo de 2011 y el peor registro de la última década. Los más impactantes se destaron en la Comunidad Valenciana -50.000 hectáreas quemadas en junio-; La Jonquera y Portbou (Girona) -14.000 hectáreas en julio-; y en Castrocontrigo (León), que dejó en entre agosto y septiembre 11.700 hectáreas quemadas, el más grave en Castilla León en diez años; y el de la isla de la Gomera.
Garajonay, entre los afectados
Este último acabó con más de 4.000 hectáreas, incluidas 750 del Parque Nacional de Garajonay, lo que representa el 11 % de la superficie de la isla (Reserva de la Biosfera de la Unesco) y obligó al desalojo de un 25 % de su población, más de 5.000 personas.
Además del fuego real, algunos gobiernos regionales como el de Canarias se enzarzaron en un fuego cruzado con el Gobierno central, al que acusaron de falta de coordinación y lentitud en las tareas de extinción.
Las afirmaciones fueron tildadas de infundadas por el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que a su vez acusó a las CCAA de haber recortado sus presupuestos en esta materia.
Sequía e inundaciones
Y pese a lo paradójico, ya que España entró en 2012 en una sequía meteorológica, 2012 ha sido uno de los más trágicos en cuanto a la pérdida de vidas humanas como consecuencia de sucesivas inundaciones.
A finales de septiembre, murieron trece personas (seis en Murcia y siete en Andalucía), tras la gota fría que atravesó Murcia, Andalucía y Valencia, y que obligó a evacuar a cientos de personas.
Durante el mayor episodio de lluvias conocido en la historia de la Región de Murcia, llegaron a caer más 200 litros/metro cuadrado.
Al mes siguiente, otro temporal de lluvia, viento y fuerte oleaje afectó al noroeste y este de España, especialmente a Cataluña, Navarra y Aragón, ocasionando la muerte de una polaca y la desaparición de un francés.
La reforma de la ley de costas
Otras aguas removió el proyecto de reforma de la ley de costas, aprobado en julio en Consejo de Ministros, que amplía las concesiones de las propiedades situadas en el dominio público marítimo terrestre a 75 años y permite su transmisión.
De forma unánime, las organizaciones ecologistas se posicionaron en contra del texto desde el primer momento y el PSOE y los grupos de izquierda del arco parlamentario presentaron sendas enmiendas a la totalidad.
El Gobierno afirma que la reforma pretende la seguridad jurídica, la protección del litoral español y la "tolerancia cero" frente a las agresiones en la costa; mientras que los opositores a la ley opinan que reduce dicha protección y prolonga la especulación durante 75 años.
Garoña, de nuevo sobre el tablero
En otro orden de cosas, el cierre de Garoña volvió a dar de hablar, ahora a cuenta de los distintos puntos de vista del ministro de Industria, José Manuel Soria, y la dueña de la planta (Nuclenor).
El primero animó a renovar la licencia de explotación, la segunda se mostró reticente y, al final, contraria a prorrogarla.
Y hace tan solo unos días, el Gobierno expresó su disposición a que Garoña siga operativa tanto si lo solicita Nuclenor (participada al 50 % por Endesa e Iberdrola), como si lo pide un nuevo operador.
Siempre que el CSN determine que la planta puede seguir, el Gobierno apoyará que así sea y "le da igual que sea con el operador actual o con otro", explicó en una entrevista con Efe, el ministro Industria, José Manuel Soria.
Continúa los trabajos del ATC
Mientras, la planificación y trabajos del futuro almacén nuclear de residuos radiactivos (ATC), que se construirá en Villar de Cañas (Cuenca), sigue su curso y ya están comprados los terrenos que lo albergará.
En estos momentos, los técnicos de Enresa están caracterizando el suelo para garantizar que el subsuelo es seguro y, en breve, se procederá a vallar las parcelas.
La Empresa Nacional de Residuos (Enresa) también ha sacado a concurso el proyecto medioambiental, al cual se han presentado unas 25 empresas, todas españolas, y están a punto de sacar a concurso el convenio con la junta de comunidades de las carreteras de acceso al ATC, por importe de 18 millones de euros.
El compromiso, según el presidente de Enresa, Francisco Gil Ortega, es terminarlo en 2017.
Los residuos de Vandellós
A finales de 2012, esta empresa pública dio a concoer un acuerdo con Francia por el que los residuos de Vandellós I volverán a España antes de octubre de 2015, y Francia devolverá las penalizaciones que España le ha pagado hasta hoy (más de 60.000 euros/día) por no hacerse cargo de este material radiactivo en el plazo previsto.
Los residuos de Vandellós I se encuentran en un depósito nuclear francés y se depositarán finalmente en ATC.