La juez que investiga la trama del jamón que vendía carne en mal estado ha lanzado un ultimátum a la Junta de Extremadura para que destruya unos 20.000 kilos de carne podrida, en mal estado o cuyo origen es desconocido por un riesgo inminente para la salud pública.
El tribunal exigió a la Junta de Extremadura, presidida por el socialista Guillermo Fernández Vara, la destrucción de la carne en mal estado hallada en una de las naves industriales que se han revisado en las investigaciones judiciales para destapar esta trama empresarial. Pero hasta ahora el gobierno extremeño no ha cumplido con las exigencias de la juez por motivos desconocidos, según recoge David Placer en economiadigital.es.
La administración extremeña podría incurrir en un delito de desacato a la autoridad judicial
El tribunal investiga una trama de 30 empresas que adquirían mercancía caducada o a punto de caducar para reetiquetarla, reenvarsarla y venderla como apta. La nave donde se encontró la carne pertenece a una empresa distribuidora investigada por la venta de productos cárnicos no aptos para el consumo humano en las cárceles españolas, tal como ha destapado en exclusiva Economía Digital.
El juzgado de instrucción de Fregenal de la Sierra ha emitido una providencia el viernes pasado para advertir a la consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura que destruya la carne podrida localizada en una nave de Malpartida de Plasencia (Cáceres), que además presenta problemas de refrigeración.
La juez ha acreditado que la carne se encuentra “en estado de putrefacción” y emite “malos olores que pueden ocasionar perjuicios muy graves para la salud pública”.
El tribunal también ha dado un último toque de atención al gobierno extremeño, que hasta ahora no ha acatado las órdenes judiciales. La magistrada les advierte que en caso de que no destruya la mercancía de forma inmediata, la administración podría incurrir en un delito de desacato a la autoridad judicial, con independencia de otros posibles delitos contra la salud pública que pudieran desencadenar su inacción.
Cabe recordar que la Conselleria de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha inmovilizado un total de 490,6 toneladas de productos cárnicos, en su mayoría jamones, chorizo, salami y salchichón y ha suspendido la actividad de cinco empresas de la Comunitat Valenciana.