ENESA, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, está ya informando al sector agrario que con el motivo de ajustar el gasto del 37º plan de Seguros Agrarios, se va a recortar el presupuesto en 10 puntos. Este recorte se va a publicar en el BOE en los próximos días y según advierte la Unión de Extremadura puede provocar un incremento de hasta el 30% en algunas pólizas.
En Extremadura, según denuncia la Unión de Extremadura a los agricultores les saldrá 3,5 millones de € más caro contratar los seguros agrarios la campaña que viene, a pesar de que la organización insiste en que la contratación de seguros agrarios «es fundamental para garantizar la rentabilidad de las explotaciones, mucha más teniendo en cuenta la demagoga posición de la actual consejera que tiene por filosofía que los daños asegurables no son subvencionables”.
advierten de que al encarecerse los seguros se desincentiva su contratación
En esta campaña, recuerda la Unión, con las tormentas sufridas los días 6 y 7 de julio ha sido un claro ejemplo de las afirmaciones anteriores.
Los principales cultivos asegurables en Extremadura son los frutales de hueso y los tomates para industria, estos seguros son caros de contratar y por lo tanto «son fundamentales las ayudas que Enesa facilita para la contratación de los mismos. Con los recortes presentados, se va a encarecer las pólizas en más de un 30%».
Por ejemplo, a la reducción de 10 puntos sobre los 34,30% del tomate, hay que añadir la reducción de la ayuda de la Junta de Extremadura que es proporcional a la ayuda que concede Enesa, lamenta la Unió.
Una hectárea de tomate de industria se va a encarecer en más de 52 € por hectárea, con lo que asegurar solo el tomate extremeño va a costar 1,248 millones de € más que la campaña pasada, y a este importe hay que añadir los más de 2,2 millones del resto de productos asegurados.
Otro problema añadido es que al encarecerse los seguros se desincentiva su contratación por lo que el riesgo aumenta de manera exponencial.
Por todo esto, desde la Unión de Extremadura ya han solicitado tanto a Enesa como a la Junta de Extremadura «que reconsideren su postura y que tengan en cuenta los riesgos que suponen para un sector cada vez menos rentable el aumento de la carga económica».