Todas las organizaciones agrarias se han felicitado porque la Junta de Castilla y León haya decidido pagar finalmente las ayudas a la remolacha que decidió anular unilateralmente y que la justicia le ha obligado a abonar, aunque también todas las OPAs coinciden en criticar que se pagan años tarde.
Asaja de Castilla y León ha valorado este martes la recuperación de la ayuda de la Junta al cultivo de la remolacha, aunque ha afirmado que llega «con siete años de retraso» y se trata de una «obligación legal y moral», motivada por los tiempos electorales.
En un comunicado, Asaja ha considerado «inevitable» que la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, se haya comprometido a pagar las ayudas a la remolacha de 3 euros por tonelada entregada por los cultivadores de Castilla y León en la campaña 2011/2012.
Para Asaja se trata de una «rectificación a la que el Gobierno autonómico se ha visto obligado, por más que ha tratado de agotar todas las vías administrativas y judiciales para dilatar el proceso, tras las sentencias ganadas por 96 remolacheros de Asaja».
Asaja ha lamentado que estas decisiones se tomen «en función del momento electoral y que se utilicen de forma personalista, llegando incluso a ocultárselo al Consejo Regional Agrario -órgano de interlocución de la consejería de Agricultura- reunido recientemente».
«Este grave incumplimiento de los compromisos adquiridos por la Junta es uno de los factores de la caída de la superficie cultivada»
Por su parte, la Alianza UPA-COAG muestra su enorme satisfacción «porque la persistencia y trabajo de nuestra organización haya provocado que la Junta de Castilla y León se haya visto obligada a anunciar en las últimas horas que este año abonará 10 millones de euros a los 5.500 remolacheros de Castilla y León correspondiente a la PAC 2011. Un anuncio que, curiosamente, se realiza al inicio de un año electoral, y que confiamos se vea confirmado con hechos».
La organización recuerda que el Gobierno regional rompió el acuerdo alcanzado en marzo del 2008 suscrito por la Consejería de Agricultura, Azucarera y Acor, y no concedió la ayuda que ella misma promovió durante las campañas PAC 2011, 2012 y 2013. Esto motivó que la Alianza UPA-COAG emprendiera distintas actuaciones a nivel judicial.
Lejos de admitir la derrota en los tribunales, la actual Consejería recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo y así ha transcurrido el tiempo hasta hoy, «donde por fin no le ha cabido otra a la Junta más que reconocer que pagará en este 2019 las cantidades comprometidas en su día. Por este motivo, exigimos que asuma responsabilidades al más alto nivel quién tomó la decisión de recurrir con el dinero de todos los contribuyentes, incluidos los propios remolacheros».
La Alianza UPA-COAG recuerda que «este empecinamiento de la Consejería de Agricultura por negar la evidencia para pagar las ayudas a la remolacha podría haberse ahorrado y los remolacheros deberían haber cobrado lo que les corresponde mucho tiempo antes. De hecho, la decisión de la Administración regional parece que responde a una estrategia antes de la decisión que debería adoptar el Tribunal Supremo a favor de los intereses remolacheros y, quizá, eludir de esta manera el pago de los intereses acumulados».
Por último insiste en que, «este grave incumplimiento de los compromisos adquiridos por la Junta es uno de los factores, entre otros, que han ido minando la moral de los remolacheros y que explica, en parte, la caída de la superficie de siembra que ha experimentado el cultivo en los últimos años»
UCCL pide a Junta CyL que comunique individualmente el pago a remolacheros
Finalmente, la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha pedido a la Junta de Castilla y León que comunique individualmente el pago de las ayudas a la remolacha a cada cultivador que tenga derecho
El responsable de la UCCL en Valladolid, Ignacio Arias, ha reclamado que la Consejería de Agricultura y Ganadería dirija de manera individual a cada uno de los cultivadores reclamantes de la ayuda una comunicación con el compromiso de que se continuará con el trámite administrativo de concesión y se especifique la cantidad que le corresponde.
Ignacio Arias, quien ha insistido en que «no sirve» el anuncio de la Junta de que abonará la ayuda, ha advertido que el conflicto judicial sobre las ayudas parte en 2014, que ya existe más de un centenar de sentencias contrarias a la Junta y que el anuncio del pago se hace a cinco meses de la celebración de elecciones autonómicas.
Por ello, el responsable de la UCCL ha considerado el anuncio de la Consejería como «un banderazo electoral» y ha advertido que es precisa un compromiso «oficial» de que se van a efectuar los pagos a los cultivadores