La aprobación de la reforma de la PAC está cada vez más lejana. De hecho, esta misma semana, la eurodiputada socialista Clara Aguilera aseguraba que «tal y como está, preferimos que no se apruebe», mientras que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el vicepresidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo Paolo de Castro, coincidían en que ven “muy difícil” que se pueda aprobar una reforma de la PAC antes de que acabe la legislatura en la UE. Sin embargo, lo que para muchos podría ser una buena noticia, tal y como se ha venido anunciando que iba a ser esa reforma, genera muchas dudas en el sector, porque se puede dar el caso de que haya los mismos recortes en el presupuesto europeo pero para aplicarlos en una PAC vieja.
La clave de toda esta polémica radica en la falta de consenso para aprobar los Presupuestos europeos antes de que acabe la legislatura y se celebren las elecciones de mayo en toda Europa. Si no hay un marco financiero, no puede haber reforma de la Política Agraria Común, por lo que se deberá seguir aplicando la PAC vieja, que vería su vigencia como mínimo hasta 2022.
Sin embargo, y pese a los problemas actuales, Europa no va a estar todos estos años sin Presupuestos, por lo que se puede dar un panorama en el que se apruebe antes o después el marco financiero, que incluirá recortes obligatoriamente como consecuencia del Brexit, pero sin introducir cambios en la actual PAC para poder paliar sus consecuencias.
El Gobierno y algunas CCAA podrían compensar las pérdidas de fondos en el segundo pilar, pero todo depende del interés político
El panorama no es nada optimista. En el Parlamento Europeo se reconoce que no hay prisa por aprobar la reforma de la PAC y que, como mucho, para octubre se conforman con tener un dictamen, al que ya se han presentado cerca de dos mil enmiendas, que sirva de base para la negociación, aunque se asume que será un proceso largo que se alargará hasta después de las elecciones europeas.
Unos comicios, por cierto, muy inciertos, porque se desconoce qué papel puedan jugar en la futura Eurocámara los partidos populitas y euroescépticos, y que parten de la base de no saber si continuará o no el actual comisario de Agricultura, Phil Hogan, ponente de la propuesta. La idea del Parlamento es que en verano de 2019 se deba decidir si se sigue con lo planteado hasta ahora o si se empieza de cero, lo que provocaría que lo que entonces será la PAC vieja, es decir, la actual, siguiera activa hasta el 2023.
Si se da este caso, la duda es cómo afectará los recortes de los Presupuestos (que los va a haber sí o sí y que para España podrían ser de un 3,5% en los pagos directos y de un 15% para desarrollo rural) a las actuales ayudas. En principio, España podría compensar las pérdidas a través del segundo pilar, pero dependería de una decisión política del Gobierno y ya se sabe que al frente del Ministerio de Economía está Nadia Calviño, que fue una de las ponentes europeas que más defendían los recortes en la PAC.
También se podría dar el caso de algunas Comunidades Autónomas, las que cumplen al 100% la PAC, como Cantabria o País Vasco, podrían aportar más fondos a sus PAC, pero no parece probable que pueda suceder lo mismo en otras CCAA, como Andalucía, Extremadura o las dos Castillas, provocando que en según dónde se ejerza la actividad agraria o ganadera se podría cobrar más o menos dinero en las ayudas.
Un problema serio que da sentido a las palabras del ministro Luis Planas cuando reconocía esta semana que la reforma se puede aplazar y señalaba que “no se pueden dejar de cobrar los apoyos de la PAC por un retraso legislativo”. Y es que esta PAC vieja no parece que esté preparada para los nuevos recortes que se avecinan.