Esta semana se daba a conocer los primeros preacuerdos alcanzados entre la CE y el Parlamento Europeo en el reglamento Omnibus, o reforma intermedia de la PAC, que afectarán principalmente a la posible desaparición del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP) en la dehesa y el monte mediterréno y al incremento de ayudas a los jóvenes. Pero el acuerdo va más allá y también recoge una mayor libertad para que cada país determine qué requisitos de incluir la definición de agricultor activo, reducir las obligaciones relativas a las superficies de interés ecológico en las pequeñas explotaciones y una mayor flexibilidad en los pagos acoplados en cada país.
Así, como recoge agropular.com, los Estados miembros de la UE tendrán más libertar a la hora de definir lo que se entiende por agricultor activo a partir de 2018. Este acuerdo supone que los Estados miembros tendrán más margen de maniobra para definir esta figura. Aunque las ayudas seguirán reservadas a quienes mantengan una actividad agraria mínima, a partir de 2018 podrán relajarse las exigencias relativas a la lista negra (actividades excluidas del pago de ayudas, como los aeropuertos o campos de golf) o incluso eliminar esa lista.
Grenning, pagos acoplados y una Estabilización de la Renta por pérdidas de producción
Por otro lado, y dentro de estos preacuerdos, en el marco del reverdecimiento, las explotaciones de menos de 30 hectáreas quedarán exentas de las obligaciones relativas a las superficies de interés ecológico. Además, se modifica la definición de pastos permanentes para dar cabida a los pastos mediterráneos, como las dehesas y los leñosos.
En lo que respecta a los pagos acoplados, los Estados miembros podrán concederlos a sectores vulnerables que sean especialmente importantes por motivos económicos, sociales y medioambientales, aunque no estén registrando una caída en su producción. Actualmente el apoyo acoplado está limitado a sectores que tienen problemas para mantener su nivel de producción habitual.
Los preacuerdos incluyen también medidas dirigidas a mejorar la posición de los agricultores y ganaderos en la cadena alimentaria. En particular, todas las organizaciones de productores reconocidas en cualquier sector podrán planificar la producción y negociar contratos en nombre de sus miembros sin infringir por ello las normas de competencia. Hasta ahora, esta posibilidad estaba reservada a los sectores de leche, aceite de oliva, carne de vacuno y cultivos herbáceos.
En materia de gestión de riesgos, se introduce un Instrumento de Estabilización de la Renta (IER) sectorial, de forma que podrá compensarse la caída de renta derivada de pérdidas en una producción concreta aunque las otras producciones del agricultor no hayan sufrido daños. En el caso de este IER sectorial y de los seguros, las compensaciones llegarán hasta el 70% (en lugar del 65% actual) para quienes registren una pérdida de producción o de renta superior al 20% (en lugar del 30% actual). En cuanto al IER general y los fondos de mutualidades, la compensación también se eleva al 70%, pero el umbral de pérdidas se mantiene en el 30%.
El capítulo agrario es solo una pequeña parte del Reglamento Omnibus (del que aún se están negociando otros preacuerdos, como el presupuestario, de desarrollo regional, empleo, etc.). Una vez que se haya llegado a un acuerdo sobre el conjunto del texto, éste tendrá que aprobarse formalmente en el Consejo de Ministros y en el Parlamento Europeo para poder entrar en vigor.