La Guardia Civil ha descubierto, e inmovilizado una tonelada de productos ibéricos y lácteos con riesgo para la salud en el municipio salmantino de La Alberca, que ya ha sido inmovilizada, y ha investigado a dos hombres como supuestos autores de delitos contra la salud pública y falsedad documental. Esta actuación se suma a una larga lista de sucesos en los que principalmente se está viendo involucrados productos ibéricos, cuya imagen está decayendo día a día.
Según ha informado este lunes 30 la Comandancia de la Guardia Civil en Salamanca, el inicio de la investigación se produjo en diciembre de 2017, tras inspeccionar un establecimiento en La Alberca autorizado por las autoridades sanitarias sólo para el envasado de productos cárnicos.
Así, se ha descubierto que este establecimiento almacenaba y distribuía, de manera ilegal, productos cárnicos sin tener una autorización sanitaria y, además, se ha comprobado que en diversas instalaciones tenían almacenados productos cárnicos y lácteos para su distribución al consumidor.
En esa inspección se localizaron envases de paté caducados con un peso de 42 kilos; 42 piezas de paleta curada de 3 kilos y 11 envases de dos paletas de 6,2 kilos sin etiqueta ni lote; 360 kilogramos aproximados de quesos curados en mal estado; 42 paquetes de loncheados de jamón sin etiqueta ni lote; 22 quesos de distinta procedencia sin etiqueta; 4 cajas de 30 envases de jamón sin etiqueta ni lote.
También se encontraron otros productos cárnicos, como lomo, solomillo, secreto y pluma que estaban congelados y envasados en cajas y depositados en remolques frigoríficos dados de baja de la circulación sin registros de temperaturas que certificaran su sanidad.
Según la Guardia Civil, «al no quedar garantizada la trazabilidad sanitaria, detectada la caducidad y deficiente estado higiénico para el consumo», se ha quedado toda la carne inmovilizada de manera cautelar todos los productos. Cabe recordar que un caso similar ocurrió recientemente en Granada.
Además de realizar denuncias por incumplimientos de la ley sanitaria, se ha investigado a dos hombres de 47 años, R.B.P. y M.G.G., como supuestos autores de los delitos contra la salud pública y falsedad documental.