La Comisión Europea (CE) ha presentado hoy sus primeras directrices para la reforma de la futura Política Agraria Común (PAC) en la que promoverá un límite máximo de las ayudas por explotación así como un «mejor» reparto de las mismas entre los países de la Unión Europea (UE).
Son dos de las líneas principales de la llamada «comunicación» sobre la futura PAC, un paso previo a la presentación de la propuesta legislativa, que se espera para antes del próximo verano, en la que el Ejecutivo comunitario establece sus prioridades y objetivos para esta política, una de las más antiguas de la UE.
Las líneas presentadas esta mañana tienen en cuenta, según explicó la CE, la consulta pública lanzada en febrero a agricultores y otras partes interesadas en la futura PAC, que ha recibido más de 320.000 respuestas, principalmente de particulares.
El Ejecutivo comunitario concluye que estos actores esperan una PAC «fuerte» pero también «más simple y más flexible», más centrada en «retos concretos para asegurar un nivel de vida justo para los agricultores, preservando el medio ambiente y luchando contra el cambio climático», según puede leerse en el texto.
LOS Primeros borradores del texto apuntaban a un posible techo máximo de ayudas de 60.000 A 100.000 euros por explotación
Una comunicación que aún no presenta números concretos, a la espera de que se planee el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFF), en mayo de 2018.
«Las propuestas que ya hay presentes serán evaluadas y son los países los que voluntariamente decidirán si las quieren poner en marcha de manera obligatoria o voluntaria, trabajaremos con los colegisladores para garantizar una equidad en los pagos», ha afirmado el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan.
El comisario irlandés se refirió así, tal y como ha recogido Efegro, a algunas cifras filtradas en primeros borradores del texto en las últimas semanas, que apuntaban a un posible techo máximo de ayudas de entre 60.000 y 100.000 euros por explotación.
La comunicación plantea sin embargo «un techo máximo obligatorio», y no voluntario para los países como ahora, «de los pagos directos, que tenga en cuenta el empleo para evitar efectos negativos en el trabajo».
También introduce la posibilidad de pagos «decrecientes» en función del tamaño de las explotaciones, como un sistema para reducir el apoyo a las más grandes y promover un reparto «más equitativo».
La comunicación de hoy cuestiona así que la actual distribución de las ayudas sea justa, y cita que, según el reparto de 2015, un 20 % de los agricultores recibieron alrededor del 80 % de los pagos directos.
cada país tendrá que desarrollar un plan estratégico, aprobado posteriormente por la CE
La CE explorará «nuevas maneras» para el reparto de los pagos «más efectivo, y un apoyo más justo a los agricultores».
Previsiblemente, la propuesta mantendrá la estructura actual de los dos pilares, ha asegurado la CE, pero «más flexible», con un nuevo sistema 
de implementación de las ayudas, que dará «más libertad a los países y regiones», aunque sobre esto Hogan ha aclarado que «el objetivo no es nacionalizar la PAC, sino dar flexibilidad a los países para que sean más eficientes».
Según esta idea, cada país tendrá que desarrollar un plan estratégico, aprobado posteriormente por la CE, en el que deberán establecer cómo alcanzar los objetivos.
La CE también espera que la futura PAC otorgue más atención al medio ambiente y a la agricultura sostenible, con una modificación de sistema del «greening» implementado en la pasada reforma, con un sistema con objetivos obligatorio.
Asimismo, busca fomentar el uso de las tecnologías modernas y el desarrollo de los jóvenes agricultores, y plantea la creación de una plataforma europea de gestión de riesgos, para ayudar al sector a hacer frente a las adversidades del clima y la volatilidad de los mercados, entre otros.
La PAC cuenta con un presupuesto anual aproximado de 59.000 millones de euros y busca reforzar la competitividad y la viabilidad de la agricultura en Europa, a través de tres líneas fundamentales: los pagos directos, las medidas de mercado y los programas de desarrollo rural.
Se trata de una de las políticas más antiguas de la UE, vigente desde 1962, y la segunda que más partida del presupuesto comunitario se lleva (más de un 40 %), tras la dedicada a fomentar el crecimiento y el empleo