La entrada en vigor del Real Decreto en los que se producen cambios en la aplicación de la PAC en España relacionados con, entre otros, la modificación de normas estos cambios en la aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) en España, y entre otros aspectos se modifican las normas de la condicionalidad relacionadas con la aplicación en las tierras agrícolas de purines.
La Alianza UPA-COAG ha trasladado a la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, un escrito en el que le que reclame al Ministerio de Agricultura la no aplicación de los cambios propuestos en condicionalidad a partir de la PAC de 2018 y, » de no conseguirlo, que se aplique con la máxima flexibilidad en nuestra comunidad autónoma mediante el establecimiento de excepcionalidades», tal y como indica también la normativa que pueden hacer y que reclamaba igualmente la Unión de Uniones.
La Alianza UPA – COAG considera es que la norma va más allá de las restricciones que impone la propia reglamentación europea en materia de condicionalidad y puede afectar muy seriamente a los intereses de los agricultores y ganaderos de Castilla y León, que deberían adaptar su maquinaria o adquirir otra nueva, con inversiones económicas muy costosas, o que verían cómo su maquinaria recientemente adquirida y aún sin amortizar, ya no sirve. Además, se estaría dificultando que los ganaderos puedan dar salida a sus producciones de purines y estiércol fuera de sus explotaciones al imponerse restricciones de uso a los agricultores que pueden motivar su pérdida de interés por emplear purines y estiércoles.
los agricultores y ganaderos de nuestra comunidad autónoma estarían en inferioridad al no poder ser tan competitivos
A juicio de la Alianza, que se imponga por normativa europea el mantenimiento de materia orgánica en el suelo supone un contrasentido y más si cabe si desde el Ministerio de Agricultura «se ponen pegas» a estos sistemas tradicionales de abonado, que no hacen otra cosa que aumentar el nivel de esa materia orgánica, y tratándose además de cambios que pueden resultar contraproducentes pues podrían llevar a un cambio de estos por fertilizantes minerales, de producción industrial, que no aportan materia orgánica al suelo.
«Pretender el entierro de los estiércoles con la obligación de labrar el suelo va en contra de la filosofía y eficiencia energética de sistemas como el mínimo laboreo o la siembra directa, prácticas ampliamente extendidas en Castilla y León y cada vez más fomentadas desde las propias Administraciones», han afirmado fuentes de la Alianza UPA – COAG.
«Debe tenerse en cuenta, como añadido, que si otros territorios nacionales son más permisivos, los agricultores y ganaderos de nuestra comunidad autónoma estarían en inferioridad al no poder ser tan competitivos, no sólo respecto de ellos sino también respecto de los de otros países europeos más permisivos.»