La agricultura española utiliza en torno a un 32 % de semillas certificadas, un porcentaje bajo en comparación con algunos países del entorno europeo en donde su uso llega hasta el 70 %, ha indicado hoy en Toledo la directora de la Asociación Nacional de Espectores Vegetales (Anove), Elena Sáenz.
Según ha explicado Saénz, la situación ha mejorado gracias a acciones como jornadas de formación y campañas de comunicación, que ha permitido aumentar el uso de semillas certificadas en España, donde su utilización estaba en niveles del 18 %.
Con estas acciones se ha conseguido que el porcentaje haya subido hasta el 32 %, ha apuntado Sáenz, que ha añadido que «aún así hay mucho que avanzar, porque hay países del entorno europeo están en niveles del 50% al 70 %, por lo que el objetivo de la asociación es el objetivo alcanzar unos porcentajes similares.
Sáenz ha participado en una jornada que se ha celebrado este lunes 14 de mayo en Toledo para explicar el contenido del convenio de acondicionamiento de grano que firmaron el pasado año Anove, Cooperativas Agro-alimentarias y las organizaciones agrarias Asaja y UPA.
En este sentido, ha dicho que con estas jornadas tratan de explicar por qué el convenio va a beneficiar a los agricultores, que van a tener mejores variedades, así como a toda la cadena de transformación y al consumidor, porque se van a poder poner en el mercado productos mucho más saludables y con mayores garantías de calidad y trazabilidad a unos precios razonables.
El objetivo es que los agricultores utilicen cada vez más este tipo de semilla, «que en definitiva nos beneficia a todos» y además cumplir con la normativa de ámbito europeo.
«la semilla es el primer eslabón de la cadena agroalimentaria»
«Nosotros obtentores, invertimos mucho dinero para poner en el mercado nuevas variedades vegetales y la gasolina que necesitamos para esa inversión es el cobro del canon por la semilla certificada de variedades protegidas», ha señalado la directora de Anove.
A su vez, los agricultores van a tener las mejores semillas disponibles, las mejores variedades «y eso se hace a través de la investigación y el desarrollo de nuevas variedades», ha añadido.
La directora de Anove ha reconocido que «ha sido un camino largo», ya que «hemos tenido que hablar mucho para llegar a que todos entendiéramos que la semilla es el primer eslabón de la cadena agroalimentaria y que toda la innovación, o la mayor parte, que llega a la agricultura lo hace a través de esas variedades».
Y ha recalcado que el uso de semilla certificada «es una garantía para el agricultor», ya que tiene controlada su identidad varietal, su germinación, su sanidad «y por lo tanto su uso es una inversión no un gasto».
Por su parte, Juan Carlos Bermejo, el presidente sectorial de cultivos herbáceos de Coooperativas Agro-alimentarias de España, Juan Carlos Bermejo, ha defendido el convenio firmado con los obtentores «porque creemos que la semilla es el insumo más importante», ya que no es de los que tiene mayor coste para el agricultor y el que «hace avanzar en productividades».
Asimismo, ha comentado que se firmó para cumplir una normativa europea sobre uso de semillas certificadas del año 1994, y porque a la entidad que representa le interesa «que los agricultores dispongan de insumos buenos, muy productivos, y que avancemos en la legislación y en nuestro trabajo».
COAG ha calificado de «injusto y abusivo el pago de los agricultores del canon anual
En similares términos se ha pronunciado el secretario general de Asaja de Castilla-La Mancha, José María Fresneda, que ha afirmado que «hay que acogerse a la normativa y nosotros queremos estar en el lado de la legalidad», aunque ha puntualizado «lo que tenemos que hacer es que la ley sea lo más suave posible para el agricultor».
Sin embargo, la organización agraria COAG ha expresado su rechazo al convenio, porque considera que «enmascara un afán desmedido de lucro de las empresas de semillas».
En una nota de prensa, COAG ha calificado de «injusto y abusivo el pago de los agricultores de un canon anual durante 25 años por la reutilización de sus propios granos como semillas, por el mero hecho de una procedencia anterior como semilla certificada protegida».
Para esta organización agraria, que ya ha manifestado en el pasado su descontento, «el agricultor ya paga un alto coste por la compra de semillas certificadas con un precio que triplica el precio del grano», por lo que ha aseverado que el convenio legitima «un abuso que enmascara un afán desmedido de lucro, atentando contra los intereses de miles de agricultores en nuestro país».