La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y los consejeros autonómicos del ramo han coincidido en marchar una línea roja en la defensa de la PAC y han rechazado una cofinanciación de la Política Agrícola Común, en la reforma que se aplicará más allá de 2020.
La cofinanciación es una línea roja que España no aceptará, según ha declarado a los periodistas el secretario general de Agricultura, Carlos Cabanas, al término de una reunión consultiva entre García Tejerina y las autonomías para preparar el Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE), el lunes próximo en Bruselas. Han asistido los consejeros de La Rioja, Asturias, Aragón, Castilla y León, y Galicia.
El Consejo de la UE debatirá sobre el documento de la Comisión Europea (CE) para la reforma de la PAC, que plantea dar más responsabilidad a los Gobiernos en su gestión y ha despertado las preocupaciones sobre una cofinanciación, ante escenarios como un recorte de los fondos.
España pedirá en Bruselas este lunes aclaraciones sobre el futuro modelo de aplicación de la PAC
Cabanas ha señalado que Gobierno y autonomías están de acuerdo en defender un presupuesto «fuerte» y rechazar una cofinanciación como vía para debilitar esos fondos. Además, España, además de marcar esta línea roja, pedirá aclaraciones sobre el futuro modelo de aplicación de la PAC, porque el Gobierno tiene «por delante» un plan estratégico y quiere saber cómo ejecutarlo.
Los responsables de Agricultura también hablarán sobre la xylella y la situación de los mercados, entre los que Cabanas ha citado el azucarero -que ha registrado bajadas de precios del 20% tras el fin de las cuotas-.
Cabanas también se ha referido al anuncio de la ministra en Asturias sobre la concesión de ayudas y un año de prórroga para adaptarse a la nueva normativa para el abonado con purines a la que obliga la ley comunitaria para reducir las emisiones. Ha valorado esta iniciativa, «dada la situación de problemas de calidad de aire», porque las medidas son «muy ajustadas» con el objetivo de rebajar las emisiones, «un problema importante».
La consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Milagros Marcos, ha pedido «una posición común» ante la reforma de la PAC para conseguir una «buena financiación» que aporte «estabilidad».
Según Marcos, el documento presentado por Bruselas deja abierta la puerta a una renacionalización, lo que ha rechazado, porque la PAC «dejaría de ser común».
A priori, según ha manifestado, el «panorama no pinta muy bien» de cara a la reforma, para la que también ha reclamado que afronte el rejuvenecimiento del sector o estrategias para abordar crisis.
Las CCAA rechazan la cofinanciación pero piden rentas dignas, medidas ante la caída de precios y un reforma «seria»
El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Aragón, Joaquín Olona, ha trasladado su «preocupación» por la que ha calificado de «falta de voluntad» e «inacción» del Ministerio para apoyar una «reforma en profundidad» de la PAC.
Según Olona, si no hay una reforma «seria», los más perjudicados serán provincias como Teruel y colectivos como los jóvenes, porque se mantendría «una situación de derechos históricos» que les perjudica.
Según el consejero aragonés, hace falta una redistribución en favor de los agricultores más activos, que contribuyen más a la mejora económica y medioambiental.
El consejero de Agricultura de La Rioja, Íñigo Nagore, ha sido tajante en esta línea roja de rechazadoa la cofinanciación, porque el «primer pilar» de la PAC (ayudas directas) debe ser totalmente costeado con fondos europeos.
Ha señalado que la orientación de la PAC dependerá del presupuesto, pues se avecina un «recorte importante por el Brexit, y ante esta situación es necesario consensuar una postura. También ha abogado por medidas de mercado para momentos de crisis o de caída de precios, porque hasta ahora la PAC «no ha dado con la tecla de los mecanismos adecuados».
La consejera del Medio Rural de Galicia, Ángeles Vázquez, se ha opuesto a una nacionalización de la PAC y ha reclamado una política «fuerte», que para su autonomía supone 170 millones en pagos a 33.000 productores. También ha pedido que garantice rentas dignas y medidas para incorporación de jóvenes.
Vázquez se ha referido también a las normas sobre purines y ha anunciado que «pedirá excepciones», además de llamar a la «serenidad», pues Galicia sacará una orden específica de ayudas y existen fórmulas.