La mayoría de las comunidades autónomas han abogado por primar la figura del agricultor profesional y eliminar los derechos históricos a la hora de recibir ayudas en el marco de la negociación con el Gobierno para consensuar una posición sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC).

Así lo han apuntado este lunes 21 tanto el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, como los representantes de las comunidades después de la reunión del consejo consultivo extraordinario para debatir sobre la nueva PAC de cara al período 2021-2027, aunque se prevé que su entrada en vigor se retrase hasta 2022 o 2023.

El Ministerio y las regiones han acordado durante la reunión la creación de un grupo de trabajo para diseñar un plan estratégico nacional sobre esta cuestión que comenzará a funcionar en febrero.

La consejera de Castilla y León (PP), Milagros Marcos, ha considerado positivo que la nueva PAC beneficie «al agricultor profesional» y ha destacado el «consenso» existente en este encuentro a la hora de encontrar puntos que permitan diferenciar este tipo de agricultor a través de «indicadores vinculados a la renta o al tamaño de la explotación».

Su homólogo en Castilla-La Mancha (PSOE), Francisco Martínez Arroyo, ha defendido por su parte que las ayudas se repartan de la misma forma en todo el país para que «todos los agricultores reciban el mismo pago por hectárea independientemente de dónde estén», algo que actualmente no sucede.

La consejera de Desarrollo Rural de Navarra (Geroa Bai), Isabel Elizalde, ha resaltado que una de las prioridades para la región es la eliminación de los derechos históricos, un mensaje que en su opinión «va calando en otras comunidades autónomas» también al observar que ese sistema «no ha servido».

En la misma línea se han pronunciado tanto el representante del Ejecutivo aragonés (PSOE), Joaquín Olona, como el del Gobierno riojano (PP), Íñigo Nagore, en referencia a unos derechos que, según han denunciado, permiten percibir ayudas por la actividad agraria desarrollada en el pasado, sin estar vinculadas a la producción actual.

Desde Galicia (PP) su consejero, José González, ha hecho hincapié en las ayudas al medio rural, pero también a los pequeños y medianos agricultores; mientras la consejera valenciana (PSOE), Elena Cebrián, ha apostado por contribuir a que la actividad en el campo sea viable económicamente para ser capaces de atraer jóvenes y acometer el relevo generacional.