Las organizaciones y cooperativas del sector agroalimentario son unánimes a la hora de reclamar a los partidos de cara a la próxima legislatura una mejor regulación de la venta a pérdidas para erradicar esta práctica de forma efectiva.

La polémica viene de antiguo: los agricultores y ganaderos se quejan de que las cadenas de supermercados vendan sus productos por debajo del precio de coste utilizándolos de forma puntual como reclamo para atraer clientes a sus establecimientos a través de promociones, con el aceite o la leche como «sospechosos habituales».

En su opinión, esta práctica desprestigia la imagen de estos alimentos y devalúa su valor en la mente del consumidor, además de impulsar los precios a la baja, lo que acaba afectando directamente a su bolsillo.

Ésta es una reclamación histórica del sector y atenderla fue una de las banderas escogidas por el ministro socialista del ramo, Luis Planas, nada más llegar al cargo, en junio de 2018.

La cuestión se encontraba entonces en España en una especie de limbo legal, ya que una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE consideró en 2017 que la regulación de la venta a pérdida no se ajustaba al derecho comunitario.

La venta a pérdida está regulada a través de la ley de comercio minorista debido a que no afecta únicamente a los alimentos, y finalmente se introdujo una modificación de la ley el pasado mes de diciembre para adaptarse a los criterios europeos.

Fuentes del sector confirman a Efeagro que el tema generó un intenso debate entre los ministerios de Comercio y Agricultura, y consideran que en la práctica los cambios introducidos restringen el alcance de la prohibición a los casos de deslealtad o engaño y dejan margen a la interpretación de los tribunales en cada caso.

«Defendemos que se incorpore la prohibición de la venta a pérdidas de forma específica en el caso del sector agroalimentario»

Preguntados por Efeagro, representantes de las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA y de Cooperativas Agro-alimentarias coinciden: la solución pasa por introducir la prohibición en la actual regulación de la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria.

«Hay que dar un paso más en la ley, tenemos una oportunidad ahora con la transposición de la directiva de prácticas desleales que se aprobará en Bruselas a la legislación española. Defendemos que se incorpore la prohibición de la venta a pérdidas de forma específica en el caso del sector agroalimentario», señala el director general de Cooperativas, Agustín Herrero.

En este sentido, el presidente de Asaja, Pedro Barato, incide en que éste es «el único sector económico en el que se vende por debajo de los costes de producción, los gobiernos no se pueden escudar sólo en cuestiones de competencia porque aquí lo que hay es una situación injusta hacia el campo».

Desde COAG subrayan que es necesario «reequilibrar» el reparto de valor en la cadena debido a la «posición de dominio» que tiene la gran distribución, para lo que abogan por incluir de forma expresa en la futura regulación la prohibición de la venta a pérdidas en la citada ley, ya que la modificación normativa aprobada en diciembre apenas es «un parche».

Los responsables de UPA, por su parte, aseguran que la cuestión «no está cerrada» y que ya han transmitido al Ministerio que el combate a esta práctica debe figurar en dicha ley «para que no haya dudas ni se dé lugar a interpretaciones».

En los programas electorales de las cuatro principales formaciones políticas con representación en el Parlamento, aparecen menciones explícitas a la venta a pérdidas tanto en el del PP como en el de Unidas Podemos.

Los populares hablan de «controlar» la venta a pérdidas y mejorar el funcionamiento de la cadena y el reparto del valor, y la formación morada propone reformar la ley para «establecer una regulación adecuada» en este tema a la vez que se fija un precio mínimo para «proteger» a pequeños y medianos productores.

Un portavoz oficial de Ciudadanos ha señalado a Efeagro que su partido también apuesta por «reformar» la citada ley y por dotar de más medios a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), y el PSOE defiende en su programa un Plan Estratégico Nacional de Agricultura que contribuya «a mejorar el equilibrio y el funcionamiento de la cadena de valor alimentaria».

(Texto: Óscar Tomasi / Efeagro)