Las especies invasoras, que colonizan hábitats que no les corresponden provocando graves pérdidas económicas, vuelven al debate parlamentario de la mano del PP, que acaba de registrar una proposición de ley para que algunas de estas especies exóticas se puedan comercializar, cazar o pescar en España.
La iniciativa, que ha sido presentada por vía de urgencia y previsiblemente se debatirá en el próximo Pleno ordinario, propone modificar la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, aprobada con el consenso de todos los grupos en 2007, para hacer excepciones con determinados especímenes invasores.
Incluye a la cabra arruí, la trucha arcoíris, el lucio, la carpa, el cangrejo americano, el alga wakame entre otras
La polémica se deriva del catálogo de invasoras elaborado por el Ejecutivo popular en 2013, que dejaba fuera especies exóticas como la cabra arruí, la trucha arcoíris, el lucio, la carpa, el cangrejo americano, el alga wakame, la pataca o tupinambo o el hongo quitridio.
Varias organizaciones llevaron esta decisión a los tribunales, y, basándose en un informe encargado a los científicos, el Supremo dictaminó en 2016 que un buen número de especies excluidas debían volver al catálogo y por tanto no se podrían comercializar o devolver al río si se pescan.
En el texto propuesto ahora por el PP, la inclusión o exclusión de una especie en el catálogo sigue quedando en manos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que actuará a propuesta de una Comisión Estatal en la materia.
Pero la reforma indica que «en casos excepcionales debidamente justificados, por motivos imperiosos de interés público incluidos los de naturaleza social o económica, la Comisión Estatal podrá dejar sin efecto, mediante acuerdo, las prohibiciones para una determinada especie catalogada de invasora».
Además, recoge la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan establecer sus Catálogos de Especies Exóticas Invasoras, determinando las prohibiciones y actuaciones suplementarias que se consideren necesarias para su control y erradicación.
La iniciativa también recoge que para «restar presión a la pesca de la trucha común» (la propia de España), las comunidades autónomas podrán permitir, previa autorización administrativa, la sueltas de la invasora trucha arcoíris, siempre que los ejemplares hayan sido criados en cautividad e infertilizados.
el grupo socialista reconoce que «han abierto un proceso de reflexión sobre esta cuestión» y que podrían «reconsiderar» su postura
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) considera la trucha arcoíris como una de las cien especies invasoras exóticas más peligrosas del mundo.
Hasta ahora, tanto los grupos de Ciudadanos y como del PSOE -que gobierna en comunidades como Andalucía donde se comercializa con algunas de estas especies, como el cangrejo americano- habían visto con buenos ojos estas exclusiones de especies invasoras, si bien fuentes del grupo socialista han señalado a Efe que «han abierto un proceso de reflexión sobre esta cuestión» y que podrían «reconsiderar» su postura.
Fuentes de Ciudadanos han indicado que están a favor de la iniciativa del PP «con matices» que esperan aportar al texto tras reunirse con varias asociaciones.
«Hay especies como la carpa, que fueron introducidas por la propia Administración, están perfectamente adaptadas al medio y aportan a la necesitada economía del mundo rural; por tanto, no deben ser consideradas invasoras ya que no están compitiendo con especies autóctonas», indican desde este grupo.
Por su parte, tres organizaciones conservacionistas, Ecologistas en Acción, WWF y SEO/BirdLife, han lanzado una declaración conjunta en la que recuerdan «la grave amenaza para la biodiversidad y para la economía» que suponen las especies invasoras, estimado en 1,4 billones de dólares anuales en todo el mundo, según un estudio publicado por la revista Nature.
La iniciativa del PP supone «una cesión evidente ante las presiones de ciertos colectivos de cazadores y pescadores, y es a la vez peligrosa e inaceptable, ya que va en contra del dictamen del Tribunal Supremo, del criterio científico y del sentido común», ha señalado a Efe Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción.
Los ecologistas denuncian que el PP presente esta reforma «sin ningún aval técnico ni científico» y demandan al resto de grupos parlamentarios que «respeten tanto las sentencias del Supremo como los criterios técnicos y científicos y que, en consecuencia, voten en contra de esta iniciativa».