Mae de la Concha / S. General de Podemos Islas Baleares, Diputada en el Congreso por Menorca Y Consejera Estatal del Area de Mundo Rural y Sostenibilidad
Fernando Fernández / Asesor Estatal Area de Mundo Rural y Sostenibillidad
En Baleares, toda “la pagesía” sabe que la insularidad marca las posibilidades de su futuro. Toda la pagesía de las Islas Baleares reclama desde hace años una consideración similar a otras realidades como las Islas del Mar Egeo, o como las Islas Canarias. Los “pagases” y “pagesas” saben porqué lo dicen. Es sencillo; les cuestan más caros los insumos para producir, venden más barato porque es relativamente sencillo generar mercados cautivos en un archipiélago, y en tercer lugar, les cuesta más esfuerzo vender debido a las limitaciones del mercado interior, y por las dificultades logísticas de llegar al continente.
Este reclamo es además compartido por el conjunto de la sociedad balear y por sus instituciones, que en diversos momentos han aprobado mociones e iniciativas, pero que, sin embargo, nunca han pasado a la otra orilla del mediterráneo[1].
Desde su creación, la Unión Europea ha tenido una consideración especial para la realidad de la insularidad. Este reconocimiento de la insularidad como factor limitante ha tenido siempre una aplicación concreta en lo que al sector agropecuario se refiere. La base jurídica para su regulación se encuentra en el artículo 349 del Tratado de la UE.
El próximo martes 13 de noviembre llevaremos a la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley instando al gobierno del estado a abrir un espacio de análisis y diálogo con el gobierno autonómico y el sector balear, para luego plantear en las instituciones comunitarias la necesidad de este reconocimiento.
La Condición de insularidad constituye en sí mismo un factor limitante, no solo social y económico, sino también ambiental. El sector agrario aporta un 1,4% al PIB Balear, sin embargo, mantener y desarrollar un sector agrario y ganadero, con sus actividades conexas agroalimentarias, constituye no solo una posibilidad de creación de empleo, sino una necesidad esencial para mantener el equilibrio territorial, la gestión de los ecosistemas y paisajes de las Islas Baleares, la conservación del patrimonio cultural inmaterial y constituye una seña de identidad básica en relación al sector turístico. Las Islas Baleares no serían lo que son, sin las señas de identidad que guarda “la pagesía”. La intención es mantener una actividad agropecuaria dinámica, con capacidad para generar empleo digno y valor agregado. La relación virtuosa entre el sector agroalimentario y el sector turístico en las Islas Baleares está todavía por construir sobre la base de una responsabilidad social y ambiental mucho mayor del propio sector turístico para con el territorio.
Desde el punto de vista ambiental; la insularidad condiciona la disponibilidad de agua. Las Islas Baleares no cuentan con grandes masas ni cursos de agua. La dependencia de las precipitaciones es casi del 100%, lo que ha limitado históricamente el desarrollo del regadío. La insularidad condiciona también la calidad del suelo que en las islas de Menorca, Ibiza y Formentera influyen de manera importante en la productividad agraria. La insularidad agrava la vulnerabilidad a la entrada de nuevas plagas y enfermedades. La expansión de la Xylella ha sido un buen ejemplo, pero no es el único. La condición de insularidad, impone una estructura de las explotaciones agrarias marcada por el reducido tamaño medio de las explotaciones, una alta fragmentación de las explotaciones agrarias en numerosas parcelas, y un régimen posesorio sobre la tierra que se apoya en instituciones jurídicas muy antiguas y que frenan la dinamización sectorial.
Estos factores condicionan la rentabilidad y viabilidad de las propias explotaciones. En primer lugar, por el incremento en el coste de los insumos básicos[2]. Tomando tan solo tres variables se hace evidente su impacto; Por una parte, el incremento medio de los precios de los piensos del ganado con respecto a la península es del 45%. Los datos disponibles de diversas fuentes, indican que este sobrecoste supone un gasto añadido al sector ganadero por año de 15.621.300 €. El diferencial de precio en el litro de gasoil es de 0,051€. Por último, en el caso de los fertilizantes, el sector asume un sobre coste de 1.800.000 € al año.
De manera paradójica, los precios recibidos por los y las agricultoras y ganaderas son inferiores a los de la península. La razón está en que la insularidad favorece mercados cautivos y poco transparentes, con una concentración muy grande en el almacenamiento y distribución. El caso de la leche es paradigmático. El precio de Baleares es el más bajo de toda España, situándose en el año 2017 en 0,316 €/lt. Esto significa 0,022 € menos que por los 87,2 millones de lt de leche que se producen, supone un impacto negativo en la renta agraria de 1.918.400 €
En un contexto, en el que otros sectores económicos presionan sobre el sector agropecuario, el precio de la tierra en Islas Baleares, se mantiene en niveles que impiden radicalmente la incorporación de jóvenes. Mientras que el precio medio de la hectárea de tierra en España es de 9.705 €/has según la estadística del Ministerio de Agricultura de 2016, en Baleares el precio declarado está en 18.364 €/has.
Toda esta situación no es reconocida en la actualidad por la Política Agraria Común, que se aplica injustamente en Baleares y, que no solo no compensa, sino que castiga al sector Balear. Así el valor medio por derecho de pago básico en Baleares está en 113,04 €, lo que implica 30,45 € por debajo de la media nacional. Un percepto medio de PAC en Baleares recibe alrededor de 3.343 €, lo que significa, 1.781 € menos que el perceptor medio a nivel nacional. Las razones son evidentes, y derivan de un sistema que establece como criterio casi absoluto la superficie, y que favorece a producciones continentales extensivas.
Abierto un nuevo proceso de Reforma de la PAC, se plantea un nuevo escenario de oportunidad. Es ahora cuando los gobiernos estatal y autonómico, las fuerzas políticas y las organizaciones agrarias y sociales que defienden la necesidad de un mundo rural vivo en Baleares y un sector agrario dinámico deberían trabajar para elaborar la propuesta.
La aplicación del POSEI Canario nos ha mostrado las cuestiones a las que se debe atender para que el régimen no acabe generando los efectos contrarios. El Régimen especial será complementario a la aplicación ordinaria de la PAC, es decir, no sustituiría al régimen general de la PAC como sucede en Canarias. La propuesta se estructuraría en dos patas; por una parte, incluirá un Régimen Especial de Abastecimiento para insumos agrarios y ganaderos y a la industria agroalimentaria. Por otro lado, incluirá un régimen especial de medidas de fomento de la producción agrícola local. Además, una tercera pata debería favorecerá el comercio entre las islas del archipiélago balear atendiendo al motor que supone el sector turístico
Nuestro compromiso no acaba con la presentación de esta iniciativa, sino que continuará con el impulso de las interlocuciones y debates necesarios con las instituciones baleares y del estado, para poder formular la propuesta ante Bruselas.
[1] El 24 de abril de 2012, el Parlamento Balear aprobó por unanimidad una Moción instando al gobierno de entonces a incluir en el siguiente periodo de programación 2014 -2020 un Régimen Especial para las Islas Baleares.
[2] “La Agricultura de las Islas Baleares en peligro de extinción” Gobierno Balear 2012, es el único documento disponible que arroja un estudio con datos relevantes contrastados.