La cesión de derechos del pago único de la PAC representó en el primer semestre de 2016 un montante de prácticamente 131 millones de euros, según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Un montante muy importante del que el Ministerio de Hacienda parece que quiere su parte. Y es que el Departamento de Motoro ha empezado a remitir requerimientos fiscales a los titulares de explotaciones que transmitieron derechos de sus tierras o granjas. El sindicato Unións Agrarias ha sido el primero en dar la voz de alarma y cifran los contribuyentes gallego bajo la lupa de la Agencia Tributaria en unos 10.0000 (sobre unas 13.000 cesiones en el primer semestre, lo que implicaría más de medio millón de investigados a nivel nacional sobre las 850.781 cesiones realizadas en ese periodo) y advierten de que, salvo excepciones, no se ha producido fraude fiscal alguno.
El enfado de los afectados por esta cesión de derechos del pago único de la PAC es enorme, así como el de todo el sector agrario español, que ven cómo en uno de sus peores años, marcado por la sequía o los bajos precios, la mayoría de los productores en el punto de mira de Hacienda se dejará la ayuda recibida de Europa en gestorías y abogados para atender los requerimientos sobre las transmisiones de derechos de las explotaciones.
«Este ataque a quienes viven del rural no es algo aislado, entra en una suma de procesos que no hace otra cosa que triturar al sector»
Según recoge R. Prieto en laopinioncoruna.es, «no hay base legal ni económica para que estos requerimientos puedan prosperar», según advierte el secretario general de UUAA, Roberto García, ya que la práctica totalidad de las cesiones son de padres a hijos y «no tienen carácter oneroso» ya que no se ha producido trasvase de dinero. Desde el sindicato cuestionan que Hacienda no haya realizado una discriminación entre los casos en los que esas transmisiones derivaron en un «intercambio económico» o incremento patrimonial de aquellas «sin carácter dinerario».
Los primeros requerimientos de Hacienda sobre la cesión de derechos del pago único de la PAC empezaron a llegar a los productores gallegos hace dos meses. «Serán más de 10.000 los afectados e esta CCAA, cuando no se ha producido especulación alguna ni la transmisión realizada tiene componente alguno de incremento patrimonial ni de afán recaudatorio», cuestiona el secretario general de UUAA, ya que la mayoría de los casos de cesiones de derechos son de padres que dejan las explotaciones al jubilarse y los transmiten a sus hijos. Se ataca al sector por muchos frentes, pese a haber anunciado que esta iba a ser la legislatura del rural, los hechos contradicen las palabras», cuestiona Roberto García.
Para tratar de zanjar esta situación «sin base jurídica», alega, el sindicato ya han pedido una reunión con la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, y responsables de la Agencia Tributaria en Galicia. «Se está tratando a los ganaderos como defraudadores, cuando no han cometido fraude alguno», defienden desde Unións Agrarias, por lo que requerirán a la Xunta que medie para que el Gobierno central ponga fin a esta campaña.
«Este ataque a quienes viven del rural -denuncia- no es algo aislado, entra en una suma de procesos que no hace otra cosa que triturar al sector».